El Anteproyecto de Ley de Retracto: dinero para la banca e incertidumbre para las personas

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA, según lo que ha podido conocer sobre el Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas,  considera que éste supone, en la práctica, una financiación directa por parte del Gobierno andaluz a las entidades bancarias. Este anteproyecto tampoco dice nada de los desahucios por impago de alquiler ni de las miles de familias que ocupan de manera colectiva o individual. Como medidas urgentes para solucionar los problemas habitacionales la APDHA propone la adjudicación de las viviendas de la Junta, desarrollar una política completa de vivienda, lo que requiere la aprobación de un Plan Andaluz de Vivienda, así como la puesta en marcha del Registro de Viviendas Deshabitadas y del Observatorio de la Vivienda en Andalucía.

 

 

Ante el Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas anunciado por el Gobierno andaluz, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) queremos manifestar lo siguiente:

A tenor de lo que ha adelantado el gobierno autonómico y de lo que hemos podido conocer por la prensa,  sobre el Anteproyecto de Ley, pensamos que la idea sobre la que gira dicho Anteproyecto consiste en la compra de la vivienda afectada en subasta pública al final del proceso de desahucio. Esto no deja de ser una financiación directa por parte del gobierno andaluz a las entidades bancarias y ayudar a éstas en el problema que les está ocasionando las miles de viviendas vacías obtenidas de los inhumanos desahucios. Además el retracto sólo se produce cuando ha terminado el proceso de ejecución hipotecaria y aunque se adjudique la vivienda a la misma familia desahuciada en nada les ahorra el sufrimiento del proceso.

Que el gobierno andaluz cubra el coste de la vivienda y no la deuda de las familias con el banco entendemos que puede provocar la negativa de las entidades bancarias a negociar la dación en pago. La Junta compraría las viviendas y las deudas de las familias seguirían como estaba, con lo que el negocio sería redondo para la banca e insoportable para las familias que les quedará la deuda con el banco y el pago del alquiler de la vivienda que le ofrece dicha ley. Y lo que es más grave, puede provocar el aumento de los desahucios, ante lo lucrativo del negocio para la banca.  Esta medida, más que para solucionar el problema habitacional que padecemos, parece encaminada a beneficiar a las entidades bancarias, que se desharían del stock inmobiliario improductivo a cuenta de las arcas públicas, y podrían seguir cobrando las deudas de las familias.

Este anteproyecto, por lo que conocemos, tampoco dice nada sobre los desahucios por impago de alquiler, dejando desprotegidas al cada vez mayor número de familias, que una vez que perdieron su vivienda hipotecada por un banco, alquilaron con un particular,  y al que la precaria situación laboral hace que no puedan pagar, viéndose nuevamente en la calle arrojadas al olvido institucional y teniendo como única alternativa la ocupación individual o colectiva de las viviendas vacías de la banca. 

Tampoco sabemos a quiénes beneficiarían estas viviendas y cuáles serán los requisitos para que estas viviendas sean adjudicadas a las familias afectadas por un desahucio.

Ante los escasos datos que tenemos sobre el Anteproyecto de Ley de Retracto, que para nada se ha hecho contando con los movimientos que trabajan por el derecho a la vivienda,  nuestro análisis no puede ser más que provisional, ya que es poco lo que ha anticipado el gobierno andaluz sobre la misma. Por lo tanto habrá que esperar a tenerla de manera definitiva para hacer una valoración general sobre dicha ley. Pero mucho nos tememos que no irá en la línea de solucionar los problemas habitacionales. Una vez más, con estas medidas, entendemos que se prima y se piensa más en los intereses de la banca que en el  de las personas: gana la banca, pierden las personas.

Entendemos que lo primero que tiene que hacer la Junta es adjudicar las viviendas que tiene, abandonando las medidas efectistas y propagandísticas, que pocas soluciones reales aportan a los problemas de las personas más necesitadas, y desarrollar una política completa de vivienda lo que requiere la aprobación de un Plan Andaluz de Vivienda.

Entendemos que si la Junta quiere contar con las viviendas vacías que existen en aras de una solución a los problemas de vivienda debe empezar por conocer los recursos existentes poniendo en marcha el Registro de Viviendas Deshabitadas, en base a la Ley 6/2013 de la Función Social de la Vivienda. De igual manera si quieren actuar, de una forma seria y rigurosa, deben conocer la problemática en profundidad poniendo en marcha el Observatorio de la Vivienda en Andalucía (definido en Ley 1/2010 de Derecho a la Vivienda y redefinido en la Ley 6/2013 de la Función Social de la Vivienda).