Indicios de dejación de funciones de la Comisión Europea en el caso Volkswagen

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Ecologistas en Acción denuncia que el escándalo Volkswagen es solo la punta del iceberg de un marco de control de emisiones ineficiente y cómplice de la contaminación y sus efectos. El papel jugado por la Comisión Europea en relación a la protección de la salud de los ciudadanos es muy discutible y parece lejos del papel de guardiana del cumplimiento de la legislación que le otorgan los tratados. Ecologistas en Acción estudia la presentación de una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo

La Comisión Europea conocía desde hace años el riesgo de los dispositivos defectuosos a la hora de controlar de forma fiable las emisiones de los vehículos diesel, tras los avisos del Join Research Centre. La Comisión tiene la obligación, recogida en los tratados de la UE, de velar por el cumplimiento de la legislación. Sin embargo, la situación de ilegalidad ha persistido hasta que se ha destapado el escándalo. Incluso después de haber sido destapado, la Comisión, que los primeros días de la crisis parecía dispuesta a exigir investigaciones urgentes, ha cedido ante la presión de los Estados miembro y de la industria automovilística y el pasado 1 de octubre comunicaba que la compañía alemana puede tomarse el tiempo que necesite para su investigación. Para Ecologistas en Acción esta situación sitúa al ejecutivo comunitario en un caso claro de mala administración y de una prolongada dejación de funciones en el tiempo, y estudiará la presentación de una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo. 

A pesar de los informes sobre los dispositivos defectuosos, que detectan cuando el vehículo está siendo evaluado en laboratorio, y de otros fallos conocidos desde hace años del sistema de control de emisiones, la Comisión Europea no ha mostrado ninguna iniciativa para enmendar esta situación. La normativa Euro 6, adoptada en 2007, requiere que los vehículos sean testados en condiciones reales de conducción. Sin embargo estas pruebas aun no se realizan a día de hoy. Solo ahora la Comisión parece dispuesta a empezar a agilizar la entrada en vigor del nuevo sistema de control, según ha anunciado recientemente la Comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska. El Parlamento Europeo ha pedido que este esté operativo a partir de 2017. Las sospechas sobre la práctica generalizada de fraudes en estos tests es conocida por la Comisión Europea desde hace años, que sin embargo se empeña en negar la mayor al afirmar que no hay indicios de que el fraude se generalizado. Esta actitud pone de relevancia el poder de los lobbies industriales para influir la elaboración y cumplimiento de políticas, así como la incapacidad de las instituciones para servir al bien común.

El escándalo de Volkswagen es la punta del iceberg de un sistema fraudulento que permite maquillar los resultados que aparentan mejoras en las emisiones que no son reales. La red europea Transport and Environment, de la que Ecologistas en Acción forma parte, lleva años alertando de los coladeros legales del actual sistema, que permite el uso de trucos para mejorar los resultados, como desconectar el alternador, utilizar lubrificantes, empleo de marchas largas, etc. A esto se suma ahora el empleo descarado de software trucado para esquivar las emisiones reales. Ecologistas en Acción considera fundamental que se establezca una autoridad europea verdaderamente independiente para realizar los controles, que hasta ahora son realizados en empresas privadas elegidas por los propios fabricantes. Asimismo la Comisión debe presentar una propuesta para la normativa Euro 7, que asegure unos niveles de emisión aún más estrictos y en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ecologistas en Acción también denuncia la lentitud con la que el ejecutivo procede con los dos expedientes abiertos contra nuestro país por contaminación atmosférica, que llevan abiertos años sin avanzar significativamente ni producir resultados, mientras la administraciones encargadas en nuestro país de velar por la buena calidad del aire, principalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, siguen instaladas en la inacción.