Los ataques aéreos de Rusia en Siria han matado a cientos de civiles y han provocado una destrucción masiva en zonas residenciales, alcanzando viviendas, una mezquita y un mercado en plena actividad, así como instalaciones médicas, en ataques sistemáticos en los que se aprecian indicios de violaciones del derecho internacional humanitario.
El informe, titulado ‘Civilian objects were not damaged’: Russia’s statements on its attacks in Syria unmasked pone de manifiesto el elevado precio que ha pagado la población civil por los presuntos ataques de Rusia en todo el país. El informe se centra en seis ataques efectuados en Homs, Idleb y Alepo entre septiembre y noviembre de 2015, en los que murieron al menos 200 civiles y aproximadamente una decena de combatientes. En él se incluyen indicios que sugieren que las autoridades rusas mintieron para ocultar los daños civiles que produjeron los ataques aéreos contra una mezquita y un hospital de campaña. También se documentan indicios del uso por parte de Rusia de municiones de racimo y bombas no guiadas, ambas prohibidas internacionalmente, sobre zonas residenciales densamente pobladas.
«Algunos bombardeos aéreos de Rusia parecen haber ido dirigidos directamente contra la población civil o bienes de carácter civil, al haber atacado zonas residenciales sin ningún objetivo militar evidente, e incluso instalaciones médicas, hiriendo y matando a civiles. Tales ataques pueden constituir crímenes de guerra», ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
«Es fundamental que estas presuntas violaciones se investiguen de forma independiente e imparcial.»
Las autoridades rusas han afirmado que sus fuerzas armadas sólo atacan objetivos «terroristas». Después de algunos ataques, han respondido a los informes sobre muertes entre la población civil negando que ellos hayan sido los responsables; en otros casos, simplemente se han mantenido en silencio.
Amnistía Internacional entrevistó a testigos presenciales y supervivientes de los ataques, y también examinó pruebas de vídeo e imágenes de los momentos posteriores a los ataques con ayuda de análisis realizados por expertos en armas. Los ataques se identificaron como presuntos ataques aéreos de Rusia comparando los detalles de cada uno de ellos con las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso en las que se anunciaban ataques contra objetivos «terroristas», o con las declaraciones de testigos.
Según las investigaciones de la organización, no había objetivos militares ni combatientes en las inmediaciones de las zonas atacadas. Esto sugiere que los ataques pueden haber violado el derecho internacional humanitario y, en algunas circunstancias, podrían, constituir crímenes de guerra.
Uno de los ataques más letales documentados en el informe fue el lanzamiento de tres misiles contra un mercado en plena actividad en el centro de Ariha, en la gobernación de Idleb, en el que murieron 49 civiles. Según los testigos, en unos segundos el bullicioso mercado dominical se convirtió en una matanza.
«En un momento la gente comenzó a gritar, olía a quemado y todo era un caos. Los niños de una escuela primaria cercana salieron corriendo despavoridos […] había cadáveres por todas partes, decapitados y mutilados«, cuenta Mohammed Qurabi al Ghazal, activista local de medios de comunicación, recordando la imagen de una mujer que había perdido a su marido y sus tres hijos sentada llorando junto a una fila de 40 cadáveres. Sus hijos estaban en bolsas. «Todavía no he podido superarlo», añadió.
El 15 de octubre, en otro presunto ataque ruso, murieron al menos 46 civiles, entre ellos 32 niños y 11 mujeres que se habían refugiado en el sótano de un edificio de viviendas en Al Ghantu, en la gobernación de Homs. En las imágenes de vídeo del lugar después del ataque no hay indicios de presencia militar. Los expertos en armas que analizaron las imágenes del ataque afirmaron que el tipo de destrucción indicaba el posible uso de bombas de aire-combustible (conocidas también como «bombas de vacío») un tipo de armas particularmente propenso a causar efectos indiscriminados cuando se utiliza cerca de civiles.
En otro ataque murieron cinco civiles y quedaron destruidas una decena de viviendas cuando un presunto misil de crucero ruso lanzado desde el mar alcanzó unos edificios de viviendas en la localidad de Darat Izza, en la gobernación de Alepo, el 7 de octubre.
«Fue muy distinto de otros ataques aéreos […] el suelo tembló como si fuera un terremoto […] el peor nivel de destrucción que he visto […] Una madre y sus dos hijos murieron en una casa y en otra falleció una joven pareja que se había casado hacía una semana», dijo un testigo local, que confirmó que la zona alcanzada por el ataque era residencial y no había cerca bases del ejército ni ningún grupo armado.
Los presuntos ataques aéreos rusos también han alcanzado hospitales. Los centros médicos gozan de protección especial en virtud del derecho internacional humanitario, y atacarlos puede constituir crimen de guerra. El testigo de un ataque que impactó a unos metros del hospital de campaña de Sermin, en Idleb, afirmó que parecía haberse utilizado un avión más sofisticado, pues no lo vieron ni lo oyeron antes de que soltara los misiles.
La reacción de las autoridades rusas a un ataque contra la mezquita de Omar Bin al Khattab en el centro de Jisr al Shughour (gobernación de Idleb) el 1 de octubre suscita serias dudas sobre la táctica que están dispuestas a seguir para desvirtuar las críticas contra sus operaciones. Tras publicarse informes y fotografías de la mezquita destruida, las autoridades rusas respondieron que se trataba de un «montaje» y, para demostrar que la mezquita seguía intacta, presentaron una imagen de satélite de otra mezquita.
«Al presentar imágenes de satélite de una mezquita intacta afirmando que es la que ha sido destruida, las autoridades rusas parecen estar recurriendo a tejemanejes para intentar evitar reproches e impedir el escrutinio de sus acciones en Siria. Tal conducta no inspira confianza respecto a que estén dispuestas a investigar de buena fe presuntas violaciones . El Ministerio de Defensa ruso debe ser más transparente y dar a conocer los objetivos de sus ataques a fin de facilitar que se evalúe si está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario», ha afirmado Philip Luther.
Desde el derribo de un avión de combate ruso por las fuerzas aéreas de Turquía el 24 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Rusia publica aún menos información que antes sobre su campaña en Siria.
Amnistía Internacional también ha recopilado indicios, incluidas fotografías e imágenes de vídeo, de que los rusos han utilizado bombas no guiadas en zonas civiles densamente pobladas, así como las letales municiones de racimo, prohibidas internacionalmente.
Como son armas que por su naturaleza tienen efectos indiscriminados, las municiones de racimo no deben utilizarse en ninguna circunstancia. Cada bomba de racimo esparce decenas de submuniciones en un área equivalente a un campo de fútbol. Dada su elevada tasa de error, continúan representando una amenaza para la población civil años después de su uso. El uso reiterado de bombas no guiadas cerca de zonas civiles densamente pobladas violaría la prohibición de ataques indiscriminados.
«Rusia debe acabar con los ataques indiscriminados y otros ataques ilegales. Debe abstenerse totalmente de emplear municiones de racimo y dejar de lanzar bombas no guiadas contra zonas civiles», ha afirmado Philip Luther.
