El pasado jueves jueves se retomó el debate parlamentario sobre la modificación o derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), más conocida como Ley Mordaza.
Ante la actual situación de bloqueo, debido a que, después de rechazarse la propuesta de Bildu, solo se mantienen las de PNV y PSOE, que son contrarias, Amnistía Internacional declara:
«Estamos ante una oportunidad, gracias a las mayorías que hay en el Congreso, de poder sacar adelante una ley más garantista en materia de derechos humanos y que sea acorde a los estándares internacionales y a las recomendaciones que nos llegan desde la ONU y desde Europa», ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España.
“No podemos dejar pasar esta ocasión de reformar una ley que está limitando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información y que se está utilizando contra periodistas y contra el activismo social, específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda”, asegura el director de AI España.
Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones su preocupación por algunos aspectos de la LOSC. Entre otros, la organización considera que con esta ley se podría estar limitando ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información; además de ampliar, sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos, los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana.
El pasado mes de julio AI publicó un nuevo informe sobre las consecuencias de la aplicación de esta ley, dos años después de su entrada en vigor.
La organización se ha dirigido a los grupos parlamentarios para recordarles que es necesario que la nueva ley garantice que todos los ciudadanos accedan a los recursos adecuados, efectivos y rápidos cuando consideren vulnerados sus derechos de reunión, expresión e información, y que incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias. Además, les ha pedido que se aseguren de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada en materia de derechos humanos.
