La ONGD Veterinarios Sin Fronteras presentó ayer en Madrid el informe “Responsabilidad extraterritorial de los Estados. El expolio de recursos en África Subsahariana”. En la presentación, que ha tenido lugar en la sede de la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE) han participado Javier Guzmán, director de Veterinarios sin Fronteras; Janet Mary Akiteng Oliso, presidenta de TECLANET, red que integra 45 organizaciones comunitarias de base en Uganda; y Peter Baleke Kayiira, campesino de origen ugandés, víctima de desplazamiento por acaparamiento de tierras de la comunidad de Mubende por parte de la empresa alemana Neumann Kaffee Gruppe.
El propósito de la publicación es analizar las amenazas que están poniendo en riesgo la Soberanía Alimentaria en África subsahariana y formular propuestas para revertir la situación. “Detrás de las recurrentes crisis alimentarias que estamos viendo en África, hay causas determinadas como la entrada en el continente de fondos de inversión e intereses especuladores sobre la tierra, la presencia de monopolios o los grandes cultivos para exportación”, ha afirmado Javier Guzmán.
El informe revela cómo las empresas europeas y españolas están arrebatando los recursos naturales a las comunidades campesinas y pescadoras africanas con los que producen los alimentos que comen. Estas prácticas son generalmente promovidas por los gobiernos europeos –y el Estado español– que incentivan la implementación en África de un modelo productivo orientado a la exportación, un modelo que arrebata los recursos a las personas que viven de ellos, que está contribuyendo al cambio climático y arrojando a miles de personas a la pobreza.
Responsabilidad extraterritorial
“Las transnacionales están permanentemente acaparando recursos, apoyadas por la política de sus gobiernos, a través de una batería enorme de instrumentos dirigidos a internacionalizar las empresas y defender sus intereses”, ha señalado el director de Veterinarios Sin Fronteras. “Parece que no hay diferencia entre las empresas y los estados, que deberían de controlarlas y hacer un seguimiento de las prácticas que realizan”, declaró en referencia a la responsabilidad extraterritorial que todos los estados tienen sobre las empresas de sus países.
El informe “Responsabilidad extraterritorial de los Estados. El expolio de recursos en África Subsahariana”, presentado hoy realiza un análisis exhaustivo de los instrumentos políticos, económicos y legales que desde la Unión Europea y, en concreto, desde el Estado español, promocionan y protegen estas prácticas empresariales y alerta sobre la necesidad de que incluyan mecanismos de control, seguimiento y sanción sobre las prácticas empresariales que amenazan la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación.
Impunidad de las empresas y apoyo de los gobiernos
La presentación también han contado con la participación de dos activistas de origen ugandés, Peter Baleke Kayiira y Janet Mary Akiteng Oliso, presidenta de TECLANET, red que integra 45 organizaciones comunitarias de base en Uganda. Ambos han ofrecido el testimonio en primera persona de cómo las empresas transnacionales arrebatan las tierras al campesinado de manera ilegal. “Pese a la excelente legislación que existe en este país sobre el tema”, ha señalado Peter Baleke Kayiira, “el problema es la impunidad con la que actúan aquellas empresas que violan la Constitución y la regulación sobre posesión de la tierra en Uganda”.
Este campesino ugandés lleva más de diez años luchando por sus tierras, que fueron arrebatadas por Neumann Kaffee Gruppe (NKG) –empresa alemana que paradójicamente comercializa algunos de sus productos con sello de comercio justo–, con el apoyo del gobierno ugandés. En agosto de 2001, un total de 401 familias fueron desalojadas de cuatro aldeas en la región de Mubende, a través de una acción militar del propio ejército de Uganda, que destruyó sus viviendas y disparó munición real a la población. Tras reclamar sin éxito sus derechos por la vía política, la población campesina formuló una denuncia al gobierno ugandés y a NKG con lo que se inició un proceso legal que, tras más de diez años abierto, aún no ha tenido resultados.
Por su parte Janet Mary Akiteng ha puesto de manifiesto cómo las prácticas de acaparamiento de tierras y recursos producen “una reducción de la oferta alimentaria, con el consiguiente riesgo de hambruna” y la vulnerabilidad de las poblaciones más débiles. “Estas prácticas nos están destruyendo, los propios mercados están desapareciendo porque no tenemos apenas productos locales, sino que salen para la exportación”. Entretanto, el mercado ugandés se ve saturado de productos y excedentes que provienen del extranjero, ya que Uganda es uno de los países más liberalizados de África en cuanto a comercio exterior.
La activista ha señalado cómo los efectos perniciosos del acaparamiento ilegal de tierras y recursos afectan especialmente a las mujeres debido, además, al elevado índice de analfabetismo femenino que sufre el país. “Una mujer analfabeta no puede acceder a un título de propiedad de la tierra ni defender sus derechos”. De esta manera, las mujeres ugandesas, “de quienes depende el bienestar y la supervivencia de las familias”, acaban convirtiéndose en mano de obra barata para las grandes empresas transnacionales que han irrumpido en el país.
Veterinarios Sin Fronteras ha manifestado su preocupación porque el gobierno español, promoviendo la inversión de sus empresas en África, se convierte en parte del problema de la pobreza y no de la solución. Desde la organización demandamos a los Estados que asuman su obligación legal –reconocida en instrumentos internacionales– de luchar contra la pobreza y, para ello, impedir que sus empresas sean generadoras de hambre. Por eso, a partir de la investigación “Responsabilidad extraterritorial de los Estados. El expolio de recursos en África Subsahariana”, se han elaborado una serie de recomendaciones dirigidas al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural que, de cumplirse, ayudarían a revertir la actual situación.
La coordinación de la investigación y la publicación ha corrido a cargo de Silvia Fernández y Ferrán García, de Veterinarios Sin Fronteras, con el apoyo de las consultorías técnicas de David Gallard, Isabel Vara Sánchez y Sara Martínez Frías, del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos -ISEC-, así como de Jessica Duncan, del Centre for Food Policy, City University, Londres.
