El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido que una posible reforma constitucional incluya la discapacidad. Según ha afirmado, las personas con discapacidad y sus familias “nos reconocemos y nos identificamos en esta España Constitucional, pero vemos ciertas insuficiencias en la aplicación de la Constitución del 78”.
Así lo ha manifestado durante el acto de apertura de la jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, y celebrada ayer en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.
Para él, los mandatos de la Constitución “no se han aplicado con la intensidad y alcance necesario a las personas con discapacidad”, ya que “tenemos graves carencias”, que se ponen de manifiesto en datos de la Fiscalía General del Estado, que muestran que “más de 80.000 personas con discapacidad están privadas del derecho de sufragio; al mismo tiempo que existen internamientos en instituciones dictados por el Tribunal Constitucional; o niñas y niños con discapacidad obligados a ir a escuelas especiales”.
“Sabemos que es necesario un entorno favorable para una reforma constitucional y creemos en muchos de sus aspectos, pero, a veces, tenemos que superarnos, ya que no vemos cumplida la Constitución en materia de discapacidad”, ha señalado. Así, ha agregado, con una reforma constitucional en clave de discapacidad y de sus derechos, la Carta Magna sería “mejor, mayor, amplia y acogedora”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Benigno Pendás, ha pedido hacer una reflexión sobre la propuesta de reforma constitucional en materia de discapacidad, ya que ésta depende de un consenso y de una situación económica, social y política “favorable” para ello, que plantee “un sentido de la oportunidad”.
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Arturo García-Tizón, ha asegurado que nuestro sistema jurídico nos sitúa en un “país avanzado” en el tratamiento de la discapacidad, por lo que, para él, estamos en un “buen camino” para ampliar este sistema de protección. En este sentido, ha apuntado que una posible reforma constitucional en materia de discapacidad ayudará a la clase política y a la sociedad en general para acertar en las “mejores soluciones” para hacer “efectivas” la igualdad de oportunidades y la no discriminación”.
Por último, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, ha hecho un repaso por la legislación española en materia de discapacidad y, en cuanto a la Constitución de 78, ha hecho referencia a los artículos que afectan a las personas con discapacidad. Así, ha indicado que la institución “debe velar” por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, como “personas titulares de derechos”. Por ello, ha expuesto el compromiso del Gobierno en una nueva Ley General de la Discapacidad, la cual se centrará en hacer efectivos sus derechos, a la luz de la Constitución Española y de la Convención de la ONU.
El estatuto de la discapacidad en la Constitución española de 1978
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, para quien es “ambicioso” afirmar que hay un estatuto de la discapacidad en la Constitución, ha incidido, fundamentalmente, en la distinción de derechos sociales y fundamentales, la cual, ha admitido, no distingue bien la Constitución, por lo que, para él, en este punto “se abre un camino” para las conquistas del sector de la discapacidad “muy importante”.
Así lo ha destacado al referirse a una posible reforma constitucional, para lo que, en su opinión, esa diferenciación “obliga a una reclasificación general de los derechos de las personas con discapacidad”, en general, y a “revisar la falta de especialización que los derechos sociales tienen en la Constitución”, en particular.
En este sentido, ha destacado el carácter prestacional que se otorga a los derechos sociales en la Constitución y ha apuntado que estos derechos, que requieren la acción del Estado, “deben ser reconsiderados”, en contraposición con los fundamentales, que son los mismos derechos para todos los ciudadanos, y, por tanto, “derechos exigibles, que no requiere la imposición del legislador en todos los casos”.
Por ello, según ha concluido, como una reforma de la Constitución “no está programada por ahora”, “lo viable” es tratar de renovar la interpretación constitucional que hasta ahora se ha mantenido, ya que ésta viene de una formulación que dicta que los derechos se han formado por generaciones civiles, políticas y sociales. Para él, esta separación estricta de los derechos “no tiene sentido” en la actualidad.
La jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, reunirá a lo largo del día de hoy a expertos constitucionalistas del mundo académico e investigador, a dirigentes políticos de distintas formaciones y a activistas de la discapacidad, que reflexionarán sobre todos los aspectos de la discapacidad en el vigente texto constitucional, para acabar planteando ideas de por donde debería ir una posible reforma en este ámbito.
