El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), José Mª Sánchez Monge, ha afirmado que con el “controvertido” Código Penal, aprobado ya por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario, “se vulneran los derechos de las personas con enfermedad mental y se encuentran en peor situación para rehabilitarse y recuperarlos para su integración en la sociedad”.
Así lo destaca en una entrevista concedida en el número 101 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Sánchez Monge, quien se pronuncia “completamente en contra” de algunos de los aspectos contenidos en este Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, expone que debe retirar el término de ‘peligrosidad’ aplicado a las personas con discapacidad mental porque “no son peligrosas”.
También plantea que, en el caso en que una persona con enfermedad mental tenga una conducta reprobable, sin que haya sido consciente de la misma, que, en lugar de ponerle una medida de seguridad en un sitio cerrado como una cárcel o un hospital psiquiátrico penitenciario, pueda recuperarse en un centro de día o de rehabilitación.
Otra denuncia que indica es que “no se concibe que una persona con trastorno mental grave pueda tener una condena revisable porque si le aplicas el concepto de peligrosidad será siendo peligroso siempre y si tiene que tener una atención adecuada de por vida para que no tenga recaídas. Además, según señala, tampoco está de acuerdo con aplicar medidas de seguridad como la libertad vigilada sobre personas con enfermedad mental, ya que “ellas no cometen actos graves como para que se les vigile”.
“Lo que hay que hacer es recuperarles y rehabilitarles. No necesitan que se les vigile, sino contar con apoyos, dispositivos e intervenciones adecuadas”, indica, al mismo tiempo que apunta que lo que hay que hacer es prevenir para que esto no suceda aplicando las medidas terapéuticas que demandamos”.
Para él, hay que derribar el mito de que las personas con enfermedad mental son agresivas o peligrosas. “En contra de lo que piensa la gente, los actos de violencia que realizan las personas con enfermedad mental no son hacia terceras personas sino hacia sí mismas”. Además, según continúa, las estadísticas así lo demuestran, ya que de un millón de personas con enfermedad mental en España, el número de diagnosticados no llega el 50% y, de la otra mitad, sólo serán tratados un 30 ó 35%; mientras que el resto, unas 600.000 personas “no tienen un tratamiento continuado ni una atención integral adecuada y son los que más pueden causar situaciones molestas para la sociedad, pero sin hablar de delitos”.
“Hay que dejar claro que el número de actos que puedan ser violentos son menores en proporción a los que realiza el resto de la población que no tiene ningún problema mental”, subraya.
En esta línea, el presidente de FEAFES afirma que ni las cárceles ni los hospitales penitenciarios son lugares adecuados para la recuperación de las personas que tienen un trastorno mental grave, ya que no cuentan con terapias adecuadas, y estos centros “deben ser rehabilitadores, no represores”.
Por ello, plantea como medidas alternativas terapéuticas, consensuadas en la Estrategia de Salud Mental’ del Sistema de Salud: los planes individualizados de atención a personas con enfermedad mental; un equipo de intervención familiar, que requiere un psicólogo y un trabajador social, ya que el 80% de las personas con enfermedad mental viven con sus familias; el apoyo domiciliario; y un equipo multidisciplinar.
El objetivo, según explica, es que la persona pueda superar las dificultades básicas de la vida, que tenga una continuidad de cuidados, un acceso a todos los dispositivos y que pueda integrarse socialmente y convivir en sociedad, así como que sean felices, “lo merecen”. “Es importante favorecer al paciente en su propio proceso de recuperación y fomentar la participación de la familia en él”, señala.
Las medidas terapéuticas, según incide, lo que hacen es mejorar la atención y disminuir el coste, y si se aplican a estas personas se consiguen múltiples beneficios, como la mejora a la atención de los pacientes, por lo que estarán en mejor situación para rehabilitarse y recuperarse, y, por otra parte, el Estado tendría menos coste porque evitaría muchos ingresos hospitalarios con los que mejoraría su financiación y ahorraría dinero.
“Para que las personas con enfermedad mental logren su autonomía, su empoderamiento y sean capaces de vivir su propia vida y tengan un proyecto vital, es necesario que se apliquen estas medidas terapéuticas que favorecerían esa autonomía e integración”, destaca.
Por otra parte, Sánchez Monge manifiesta que FEAFES, formada por 390 asociaciones con más de 45.000 socios, ha trasladado al Ministerio de Justicia la oposición al Código Penal, pero espera que se llegue a un acuerdo porque parece que quieren hacer una tramitación de consenso.
