08 de junio de 2015
Las asociaciones Globalízate, ARBA y Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.ostenible denuncian la falta de transparencia y el incumplimiento de la legalidad en diversas instituciones gobernadas por el Partido Popular. Desde el año 2011 se han presentando numerosos escritos en diferentes organismos públicos sin que a día de hoy se haya recibido respuesta.
El primer escrito se presentó el 7 de noviembre de 2011 en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y sigue el silencio administrativo a día de hoy. Se solicitaba que la Comunidad de Madrid se dirigiera al ayuntamiento de Pelayos de la Presa para exigir el cumplimiento de una moción aprobada en pleno por unanimidad. Felipe Ruza Rodríguez, Director General de Conservación del Medio Natural, conocedor de la misma tras contactar con él en diferentes ocasiones prometió contestar, pero a fecha de hoy no se ha recibido ninguna comunicación.
Ignacio Ballarín Irribarren, Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha negado a facilitar una información solicitada por un vecino de Pelayos de la Presa desde finales del año 2014. Éste quería conocer las multas que el organismo de cuenca había impuesto al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa en los últimos años, negándose en sucesivos escritos, incluso después de que un concejal del Ayuntamiento de Pelayos de Pelayos lo solicitará también usando su condición de cargo público, aportando para ello su acta de concejal. Todo indica que se trataba de proteger al Gobierno del Partido Popular en este ayuntamiento.
El SUMMA por su parte no ha facilitado los datos de los tiempos de respuesta tras el ahogamiento de una persona en el embalse de San Juan durante el mes de agosto de 2014, escudándose en la ley de protección de datos. Sin embargo, en ningún momento se solicitó los datos personales del fallecido. Todo parece indicar que se trata de ocultar si la respuesta, desde que los bañistas realizaron la llamada de urgencia hasta que el servicio de emergencia llegó al embalse, fue demasiado larga. Esto pondría de relieve la falta de seguridad y de medios en este entorno, que recibe una afluencia masiva de visitantes en la época estival.
Por su parte, el Defensor del Pueblo nos ha informado de que los centenares de alegaciones presentadas por los vecinos de Pelayos contra la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la localidad fueron remitidas por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid al Canal de Isabel II, presidido por el imputado y dimitido Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, el 4 de agosto de 2014 sin que la empresa pública haya contestado a ningún vecino.
Desde la aprobación de la Ley de Transparencia, en base al artículo 13, todos los documentos que consten en la administración son públicos y cualquier ciudadano tiene acceso a esa información. Sin embargo, ni las solicitudes ciudadanas ni las efectuadas por cargos públicos han sido contestadas por parte de estas administraciones sectariamente gobernadas por el Partido Popular.
Incluso tras presentar el pasado mes de marzo recursos de alzada por todos estos casos y solicitar la apertura de expedientes conforme al Estatuto Básico del Empleado Público a la autoridad responsable de esta situación por incumplir claramente sus funciones e impedir los legítimos derechos ciudadanos, no se ha recibido ningún tipo de respuesta desde estas administraciones.
La única posibilidad es recurrir al Contencioso-Administrativo, lo que supone un coste económico importante y deja a la mayoría de los ciudadanos en situación de total indefensión administrativa. Exigimos que se cumplan la Ley de Transparencia sin necesidad de acudir a estas vías.
