Más de 60 ONG denunciaron la falta de protección que concede el Estado a los menores extranjeros no acompañados que viven en Madrid. En un manifiesto, señalaron que desde el 1 de julio de 2005 no se ha resuelto el proceso de regularización de ningún menor extranjero no acompañado, vulnerando la Ley de Extranjería. Asimismo, se están expulsando a niños y a jóvenes «bajo la apariencia del reagrupamiento familiar», sin respetar las garantías previstas en la legislación internacional y estatal.
Estas entidades, entre las que se encuentran la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Mensajeros de la Paz o Save the Children, señalan que en estos procedimientos no se ha tomado en consideración la opinión del menor; no se le ha notificado previamente la resolución de reagrupación; no se ha garantizado el análisis individualizado de cada caso; no se les reconoce el derecho a la asistencia letrada independiente en el proceso de reagrupación; no se cuenta con informes emitidos por las autoridades de los países de origen sobre la situación familiar; no se ha garantizado el retorno a su entorno familiar o al sistema de protección de sus países de origen, y, en algunos casos, tras sacarlos de los pisos por la noche y montarlos en un avión, se les ha dejado en ciudades alejadas de su lugar de origen.
Ante esa situación, las asociaciones denunciantes apuntan que se están «vulnerando los derechos humanos de los menores extranjeros no acompañados» y se está generando una situación «de estrés, angustia y frustración que afecta al normal funcionamiento de su vida y de su integración social».
Peticiones de las ONG
Por todo ello, las ONG piden que se otorgue a los menores en protección la autorización de residencia a los nueve meses desde la resolución de la tutela, como plazo límite marcado por la ley, y se les facilite en todo momento el acceso a su pasaporte; y a los que alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia y hayan participado en acciones formativas y de integración social, se les conceda una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales.
Asimismo, reclaman que se garantice a los menores extranjeros no acompañados la libre designación de abogado en todos los procedimientos judiciales y administrativos, y que «en ningún caso se anteponga el control de los flujos migratorios al derecho fundamental de los menores a la vida, al pleno desarrollo y a los derechos de protección».
Mientras no se den estas garantías, las organizaciones piden que se paralicen inmediatamente todas las expulsiones de menores, y que las ya ejecutadas desde el 1 de julio de 2005 sean revisadas por el Defensor del Pueblo u otra institución independiente para comprobar que efectivamente se han respetado todas garantías del Estado de Derecho.
