“Uruguay ha logrado avances significativos en la realización de los derechos al agua y al saneamiento, pero ahora es urgente dar prioridad a los más vulnerables y marginados”, dijo la Relatora Especial de la ONU Cartarina de Albuquerque* al final de su primera misión a Uruguay, en la que visitó asentamientos irregulares y zonas rurales en donde muchos todavía no tienen acceso al agua potable ni al saneamiento.
“Como derechos humanos, todas las personas, sin discriminación, deben tener acceso al agua potable y el saneamiento, de forma asequible, aceptable, disponible y segura,” recalcó la experta independiente en una conferencia de prensa. “Los Estados deben adoptar continuamente medidas para asegurar que el acceso a esos derechos fundamentales esté garantizado”.
“Es importante que ahora Uruguay sepa mantener los logros alcanzados, y para eso es fundamental que el Gobierno refuerce sus capacidades de monitoreo y fiscalización de mega-proyectos agro-industriales y mineros”, recalcó la Sra. de Albuquerque.
La Relatora Especial indicó que el derecho al saneamiento va más allá del alcantarillado y urgió a las autoridades uruguayas a adoptar un plan nacional en la materia que apueste fuertemente por el saneamiento alternativo. “La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua debe ser dotada de más competencias e independencia, así como de recursos financieros y humanos para monitorear estos derechos fundamentales”, dijo.
La experta resaltó la “notable cobertura” del país en agua potable y saneamiento, señalando que esto es una clara muestra de que el sector puede funcionar adecuadamente, además de ser financieramente viable, cuando el servicio es asegurado por una empresa pública (la OSE) o una municipalidad.
Durante su misión a Uruguay del 13 al 17 febrero, la Sra. de Albuquerque visitó varios barrios de Montevideo, entre ellos, Malvín Norte, Casavalle, Borro y Casabó; además de diversas localidades en el interior del país, la Colonia Berro del INAU, Ciudad de la Costa y Maldonado. También fue recibida por varios Ministerios, agencias de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, así como por el equipo de país de la ONU.
La relatora especial presentará un informe de la misión al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre del 2012.
