En una entrevista concedida el pasado jueves a Radio Nacional, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) criticó el carácter sucesorio de la Monarquía, refiriéndose a la posibilidad de que, en el futuro, pudiera “salir” una persona “tonta” con derecho a la sucesión de la Corona de España. Lo hizo preguntándose públicamente: “¿Y si sale tonto? ¿Tenemos que cargar con un Jefe del Estado tonto?”
FEAPS considera que estas declaraciones vulneran –entre otros–, los derechos de estas personas a “no ser discriminadas por motivo de su discapacidad” y a un “igual reconocimiento ante la Ley”, recogidos en los artículos 5 y 12 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese calificativo de “tonto” utilizado despectivamente contra una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, supone además un atentado contra la imagen social de estas personas y de sus familias, perpetuando los viejos estereotipos que, hoy en día, aún siguen provocando múltiples situaciones de discriminación y vulneración de derechos.
Por ello, el presidente de nuestro movimiento asociativo, Juan Cid, ha dirigido una carta a este líder político solicitándole una “rectificación pública de esta alusión despectiva”, y conminándole a que en el futuro “cuide más el uso que hace del lenguaje referido a personas con algún tipo de discapacidad” (hace semanas hizo otro tanto en alusión a personas con tetraplejia). Le recuerda además, que “los cargos públicos tienen un compromiso con la ciudadanía y deben dar ejemplo en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria para todos los ciudadanos y ciudadanas a los que representan”.
FEAPS se compromete en su Misión a contribuir a ese cambio social que genere la igualdad de oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual y cada familia puedan tener proyectos de vida de calidad y sean –de forma efectiva–, ciudadanos de pleno derecho.
Nuestro movimiento asociativo está formado por 891 entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.
