Algunas compras menores de productos por parte de Ayuntamientos, ventas en algún colegio y Mancomunidades, y la expedición de café de comercio justo en máquinas de Universidades, entre otras actuaciones aisladas, retratan en gran parte la escasa importancia (aunque cada vez mayor en el caso de estas últimas) que las administraciones del País Valenciano le otorgan a la Compra Pública Ética.
Pero lo que más preocupa es que las Administraciones Públicas autonómicas o superiores, la red de hospitales, empresas públicas o museos no han contemplado, en los últimos años, el comercio justo en ninguna de sus compras. Y que desde el 1998 sólo se han registrado 2 pliegos de contratación mayores, con esos criterios de compra.
Esto es lo que advierte el informe “La Compra Pública Ética en el País Valenciano”, que presentaron ayer, en el Palau de Pineda, las ONGD de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable (Ecosol, Intermón Oxfam, La Tenda de Tot el Món, Petjades, Rudraksha, SETEM CV, Sodepau). El desarrollo de este estudio se enmarca en la 2ª Fase del proyecto de sensibilización “Comerç Just, una qüestió de justicia”, subvencionado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
SIN RASTROS DE CPE
La CPE (que contempla al Comercio Justo como suministrador ejemplar de las administraciones) surge en España hacia finales de los 90. En el País Valenciano las primeras referencias datan de 2006.
“Si comparamos con los resultados del informe publicado por la CECJ ‘El CJ en España en 2010’, donde se señala un 2,2% del global de ventas en el canal de AAPP a nivel estatal, volvemos a constatar un retraso del PV respecto a la media estatal”, aseguró hoy en la presentación Silvia Ibáñez, representante de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable.
En las actuaciones de CPE, el estudio constata la existencia de Declaraciones Institucionales a favor del Comercio Justo en 11 ayuntamientos, y actuaciones aisladas en colegios y universidades como la UJI de Castellón, la Universidad Politécnica y la Universitat de València. Respecto a estas últimas instituciones, el informe indica que “son los entes públicos que un mayor esfuerzo están realizando en CPE en el PV”.
COMERCIO JUSTO AUSENTE EN LAS GRANDES COMPRAS
Aún más preocupante es la situación en las Administraciones Públicas autonómicas o superiores, o en la red de hospitales, empresas públicas, museos. En estos casos, el informe destaca la inexistencia de CPE en los últimos años y la escasa importancia en las compras superiores por obras o servicios. Algo que ya corroboró el Informe de seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza, donde se punta que “no consta, en la información aportada por la Generalitat Valenciana, actuaciones concretas en la potenciación del consumo de productos de comercio justo en la administración autonómica”. Una potenciación con la que se habían comprometido todas las fuerzas políticas en la firma de ese documento.
Esto se demuestra en la exigua presencia de proveedores de Comercio Justo en los pliegos de contratos públicos mayores. Es decir, que superan los 50.000 euros, para la realización de obras, y los 18.000 euros, para la compra suministros, consultoría, asistencia y servicios.
“Los modelos de contratación pública por procedimientos abiertos de pliegos de compras en los que se introduce el Comercio Justo en las diferentes fases de la contratación tampoco muestran resultados positivos en el País Valenciano”, señaló Ibáñez, antes de citar datos del informe 2011 de la organización Ideas. “De 163 pliegos que se contabilizan en el periodo 1998-2011 que han adoptados criterios de Comercio Justo, sólo 2 corresponden al País Valenciano”, desvela Ibáñez.
