Más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de 230.000 de sus familiares están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. FEAPS, la principal organización que representa a estas personas en España, alerta de la gravedad que alcanza esta situación y apoya y encabeza las movilizaciones que sus entidades están desarrollando en comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los centros ofreciendo apoyos y servicios, y cuya financiación depende, en su mayor parte, de los conciertos y las subvenciones de Administraciones Públicas, se ven afectados por la reducción de las partidas presupuestarias. Ello supone una grave vulneración de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias; y un incumplimiento del deber que tiene el Estado de garantizar la igualdad su oportunidades y su inclusión social.
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