A través de una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
Así, el CERMI ha trasladado un documento de consideraciones y propuestas al Informe de Reforma de las Administraciones Públicas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el que plantea la necesidad de incorporar la discapacidad, desde un enfoque transversal, en todas las acciones de reforma de las Administraciones Públicas.
(Madrid, 3 de julio de 2013).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado –en una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría– un documento de consideraciones y propuestas al Informe de Reforma de las Administraciones Públicas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el que plantea la necesidad de incorporar la discapacidad, desde un enfoque transversal, en todas las acciones de reforma.
Para el CERMI, el proceso de reforma que el Gobierno ha abierto para la Administración “es una oportunidad para ir haciendo efectivos los derechos de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades y eliminar toda discriminación directa e indirecta”.
“El objetivo de la Administración es también y primordialmente mejorar la igualdad y la calidad de vida de los ciudadanos”, opina el CERMI.
En este sentido, según expone el Comité, la reforma de la Administración Pública debería servir también para asumir “con convicción” la dimensión social, a favor de la inclusión, el bienestar y los derechos de los grupos sociales más vulnerables”; al mismo tiempo que debería incorporar la atención y la gestión de la diversidad como uno de los principios rectores de la acción pública, en contra de cualquier situación de exclusión.
Asimismo, el CERMI considera que este nuevo enfoque debe traducirse en una Administración accesible, exenta de barreras y obstáculos, abierta e inclusiva con las personas con discapacidad, “que no reste posibilidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, ni merme su participación plena en la gestión de los asuntos o en el acceso a los servicios públicos”.
Además, agrega, esta nueva configuración administrativa debe estar al servicio de los objetivos de inclusión y bienestar, a través de la dimensión social de la contratación pública o de la asunción de la responsabilidad social de las Administraciones Públicas.
Propuestas al Informe de la CORA
Por ello, en cuanto a la racionalización de la Administración Institucional y del sector público empresarial y fundacional del Estado, el CERMI plantea mejorar el diálogo civil, la participación de la sociedad civil en los procedimientos políticos y públicos, al mismo tiempo que las organizaciones ciudadanas deben tener un papel activo en la identificación, información y mentalización de la realidad social.
En este sentido, pide que se dé un mandato al Gobierno dirigido a la aprobación de un Plan para garantizar la participación institucional de la asociación más representativa de las personas con discapacidad y sus familias en los órganos de la Administración General del Estado, de carácter participativo y consultivo.
En relación a la reforma de la Administración local, el CERMI pide incorporar, en el enunciado de derechos y principios de la Ley de Régimen Local, el derecho de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de los vecinos con discapacidad; al mismo tiempo que considera que la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social deberían seguir siendo competencia de las entidades locales; así como que aprueben ordenanzas de accesibilidad e incluir la accesibilidad en las actividades de información y publicidad.
También solicita que la reforma de la Administración Pública impulse también una reforma de acceso a las personas con discapacidad al empleo público; mejorar las condiciones de conciliación de la vida personal y familiar para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral; o que la contratación pública respete las normas sobre compra de bienes y servicios que cumplan los requisitos de accesibilidad, contratación laboral de personas con discapacidad y otros grupos en situación de exclusión social y reserva de contratos para CEE, según establece la Ley de Contratos en el Sector Público.
Otra de las demandas del CERMI es la que se refiere a la reforma de la Ley General de Subvenciones, y, en este sentido, apunta que debería excluirse del acceso a subvenciones o ayudas a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.
Por otra parte, el CERMI felicita la puesta en marcha de la Ley de Unidad de Mercado, la cual, en su opinión, debería complementarse con medidas para favorecer esta unidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) y en las ayudas públicas. Además, a su vez, considera positivo que se haga referencia, en el marco de la reforma de la Administración, al esfuerzo que está suponiendo la refundición de la legislación sobre discapacidad.
Por último, el CERMI también plantea que se adopten medidas positivas y obligaciones en materia de accesibilidad en ámbitos como la administración electrónica y atención al ciudadanos, para hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad; y pide, por otra parte, que se proceda a unificar en un sólo órgano el Protectorado de las Fundaciones de competencia estatal, con el objetivo de avanzar en el proceso de simplificación, racionalización y búsqueda de eficiencia, en línea con los principios de la CORA.
