Pelayos de la Presa, 24 de septiembre de 2014
Tras la petición de los vecinos del municipio de Pelayos de Presa, el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja basada en la pretensión del Canal de Isabel II Gestión S.A. de construir una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el término municipal. El Defensor anuncia que establecerá contactos con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y dará cuenta de la información que se reciba y los trámites que se sigan.
En su escrito al Defensor del Pueblo, los vecinos, vecinas y las asociaciones ecologistas Globalízate y Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, consideran que siendo necesario cumplir la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, la ubicación aprobada inicialmente para la E.D.A.R. supondría un grave perjuicio para el municipio, viéndose afectadas la salud y el bienestar de las personas por las emanaciones y el ruido procedente de la planta de tratamiento, también la salubridad de las aguas potables tratadas en la colindante E.T.A.P., cuyas instalaciones estarán próximamente concluidas y que darán servicio a los municipios del Suroeste madrileño.
Así mismo, la economía local se vería gravemente afectada. Pelayos de la Presa es un municipio cuya economía se basa en el sector terciario, fundamentalmente en el turismo veraniego y en el atractivo del embalse de San Juan, sin dejar de lado el enorme potencial que supone el único Monasterio Cisterciense de la Comunidad de Madrid, Santa María la Real de Valdeiglesias, que se encuentra en las inmediaciones de la ubicación elegida para la E.D.A.R.
No parece muy razonable construir una nueva E.D.A.R. desde cero, con el consiguiente desembolso económico e impactos comentados, y a la vez tener que desmantelar la estación actualmente en funcionamiento en Picadas. No cabe la menor duda que tanto el gasto económico como el impacto ambiental, serían mucho mayores que intervenir puntualmente en la adecuación y ampliación de una instalación existente.
Por todo ello, se solicitó la mediación del Defensor del Pueblo con las instituciones implicadas antes de que el proyecto sea aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, esperando que su gestión reconduzca las actuaciones pretendidas por Canal de Isabel II Gestión S.A. y no se lleven a cabo en los términos indicados en el Plan Especial desarrollado, ni tan siquiera como se indica en las alternativas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental realizado por dicha compañía, sino que se hagan de la que entendemos es la forma más razonable posible desde un punto de vista económico, técnico, social y ambiental: mediante una ampliación y mejora de la actual E.D.A.R. de Picadas.
