¿Las empresas transnacionales respetan los derechos humanos?

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¿Son eficaces los sitemas de control? ¿Qué ocurre con los derechos de los trabajadores cuando las empresas externalizan sus productos a terceros países? ¿La exigencia legal está suficientemente controlada? ¿Por quiénes?

El pasado mes de julio empezó a desarrollarse el proceso aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 24 de junio de 2014 para elaborar una nueva legalidad internacional de carácter vinculante para regular el cumplimiento en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales.

Una vieja polémica

A minera 5La necesidad de desarrollar mecanismos para avanzar en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales (en adelante, ET) lleva planteándose desde la década de 1970. Un debate bajo el que subyace una batalla ideológica entre los defensores de algún grado de control de las empresas (organizaciones y movimientos sociales, sindicatos, determinados partidos políticos, expertos, profesionales…) y quienes (empresas
transnacionales, organizaciones empresariales, muchos gobiernos -básicamente, los de los países más desarrollados-…) defienden la situación actual, de notable impunidad en muchos aspectos.

Las demandas de los primeros, siempre frenadas, han girado fundamentalmente en torno a cuatro puntos:

1.  Un código legal internacional de carácter vinculante para todas las ET, en todos los lugares en los que operen y tanto en sus actuaciones directas como indirectas y en toda su cadena de valor y en los socios comerciales.

2. Derecho de extraterritorialidad: obligación de los Estados de los países de origen de velar por el respeto integral de los derechos humanos por parte las ET.

3. Un centro internacional para el control y el seguimiento de las ET, cuya ubicación óptima debería radicar en el marco de la Organización de Naciones Unidas.

4. Un tribunal legal internacional con capacidad plena para imponer decisiones y penalizaciones a las ET por vulneraciones de derechos humanos cometidas en cualquier lugar del mundo, cuya ubicación óptima debería ser también la Organización de Naciones Unidas y que sería una entidad en cierta forma paralela a la Corte Penal Internacional, que juzga crímenes contra la humanidad, pero sólo en el caso de personas físicas.

Los Principios Rectores

Tras el descalabro en 2003 (por la oposición de las grandes organizaciones empresariales internacionales y la mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados)  del proyecto de Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, que parecían abrir un cierto camino a las demandas antes mencionadas, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, decidió en 2005 nombrar un Relator Especial para desarrollar un proyecto que posibilitara avanzar hacia un mejor respeto de los derechos humanos por parte de las empresas sin proponer  nuevas obligaciones de Derecho Internacional. El proyecto culminó en 2011 con el documento Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: Proteger, Respetar y Remediar.

APrincipios rectores

Un informe que fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el apoyo generalizado de los gobiernos de los países desarrollados, grandes organizaciones empresariales internacionales, muchas ET, principales organizaciones internacionales sindicales y un gran número organizaciones sociales, pero que fue duramente criticado por muchas otras, básicamente por su voluntariedad (los Principios no son vinculantes ni para Estados ni para empresas) y por su inconcreción (fundamentalmente, en lo que respecta a las presuntas obligaciones de los Estados) Puede verse una crítica general en A. Teitelbaum, 2011.

Los planes de acción nacionales

ADinaLos primeros Estados en desarrollar planes de acción según los criterios de los Principios Rectores han sido Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Lituania y Suecia y cuenta con un proyecto avanzado Italia. En el caso español, el organismo responsable del proyecto (la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación), después de un proceso de consulta a diferentes partes interesadas, elaboró tres borradores sucesivos, elevando el último a la consideración del Consejo de Ministros en junio de 2014, no existiendo noticias desde entonces. Tanto el proceso seguido como, sobre todo, los sucesivos borradores, han merecido críticas notables de los expertos y organizaciones que demandan una mayor exigencia legal (puede verse un ejemplo aquí).

Nuevas iniciativas institucionales

Pero la polémica sigue viva. El 24 de junio de 2014, el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución claramente opuesta a los Principios: “Crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas transnacionales”.  El enfrentamiento de gobiernos de países desarrollados, ET y organizaciones empresariales, aparte de la propia dificultad de la tarea, no permiten suponer un éxito fácil al proyecto. Con todo, es innegable su alto valor simbólico y el apoyo que supone a quienes han venido defendiendo la necesidad de una nueva legalidad internacional para exigir el respeto de los derechos humanos a las empresas.

Acamión

Merecen también destacarse las propuestas de los parlamentos de Francia y de la UE. En el primer caso, un proyecto de ley del PSF  presentado en el pasado abril para obligar a las empresas francesas a controlar el respeto de los derechos humanos en sus filiales extranjeras y a desarrollar mecanismos de debida diligencia (según los criterios recomendados por los Principios Rectores) para velar para que sus proveedores también los respeten.

Algo parecido es lo que recoge una moción del Parlamento Europeo, aprobada también en abril, que insta a la Comisión y al  Consejo Europeos a desarrollar una nueva legislación  para crear una obligación legal de debida diligencia en materia de derechos humanos a las empresas que externalicen su producción a países terceros.

Las demandas de la sociedad civil

Por otra parte, no puede obviarse la incidencia en este debate de la continuada voluntad  de muchas organizaciones y movimientos de la sociedad civil en la exigencia de sistemas de control más eficaces. Quizás la iniciativa más destacada en este sentido es la campaña que vienen desarrollando 190 organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo con el título de Campaña Global para Desmantelar el poder de las Transnacionales, en cuyo marco se elaboró en junio de 2014 un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las empresas Transnacionales.

Ante la flagrante desconsideración de los derechos humanos con los que frecuentemente actúan muchas ET, el debate no cesa. Una buena muestra ha sido el reciente congreso (Buenos Aires, 9 y 10 de septiembre de 2015) organizado por la Fundación Baltasar Garzón, centrado en la ampliación del concepto de justicia universal a determinados delitos económicos y su correspondiente penalización: entre ellos, no pocas de las vulneraciones de derechos humanos cometidas frecuentemente por grandes empresas.

Moderador: José Ángel Moreno
Economistas sin Fronteras       

                                                 Fotografías extraídas de los informes