Tres cooperantes de la organización fueron asesinados en 1997 en el país
Aunque el general Karenzi fue detenido en Londres en junio, la justicia británica lo dejó en libertad. El pasado día 7 el Supremo español dictó el sobreseimiento de la investigación
Madrid, 8 de octubre de 2015.- Médicos del Mundo lamenta el cierre del proceso judicial que intentaba esclarecer los hechos ocurridos el fatídico 18 de enero de 1997, cuando Manuel Madrazo, Flors Sirera y Luis Valtueña fueron asesinados en la casa que la organización tenía en el distrito de Ruhengheri, al noroeste de Ruanda, mientras participaban en un plan para reforzar la estructura sanitaria en ese distrito. Los tres se dedicaban a la distribución de alimentos y medicinas y a apoyar la asistencia sanitaria directa a los cinco centros de salud de esa zona.
La organización humanitaria entiende que un crimen de estas características no puede quedar impune, por lo que:
– Exigimos verdad, justicia y reparación: es decir, una investigación independiente que identifique a los responsables de los crímenes; que estos sean juzgados y que se establezca una reparación para las familias de las víctimas.
– Demandamos solidaridad con el trabajo de las y los trabajadores humanitarios y llamamos la atención ante la falta de seguridad con la que desempeñan muchas veces su labor. Consideramos que el crimen de los tres compañeros de la organización es un ataque contra todos y todas los que formamos parte de ella, así como del mandato y los valores que representa Médicos del Mundo.
–Reivindicamos el máximo respeto para los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que “busca limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento […] y que se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales”. De hecho, el Derecho Internacional Humanitario pretende limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y sus ejércitos como por los distintos grupos armados de oposición.
Sin embargo, vemos que el DIH sigue incumpliéndose hoy en día, cuando hospitales de Médicos sin Fronteras son bombardeados causando la muerte de pacientes y profesionales sanitarios.
Contexto:
Karaki Karenzi, ex general responsable de la inteligencia militar del Frente Patriótico Ruandés durante la presidencia del presidente Paul Kagame, fue detenido en Londres el pasado mes de junio, como consecuencia del proceso abierto por el juez español Fernando Andreu tras la querella interpuesta en la Audiencia Nacional por el Foro para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos en 2005, por el asesinato de nueve españoles, entre los que se encontraban los tres cooperantes de la organización. Karenzi estaba acusado de haber aprobado el crimen.
Los tres cooperantes españoles fallecieron en enero de 1997 en Ruhengeri (norte de Ruanda). Sirera, Madrazo y Valtueña prestaron auxilio a los supervivientes de una matanza de unos 50 hutus a manos del Frente Patriótico Ruandés (liderado por Kagame). Al parecer, fueron también testigos de la existencia de fosas comunes con cuerpos de otras masacres recientes cometidas por miembros del Frente. Pocos días después, cuatro soldados tutsis entraron en su residencia y los mataron a tiros. Según la investigación, ese ataque fue planificado en una reunión a la que asistió un miembro del equipo de inteligencia que dirigía Karenzi y que declaró como testigo ante el juez Andreu. El testigo aseguró en esa declaración que el ahora responsable de los servicios secretos ruandeses ordenó el asesinato porque «los blancos disponían de información sensible de las masacres que acababa de realizar el FPR».
Finalmente, el 25 de junio de 2015 la justicia británica le concedió la libertad bajo fianza y dispuso para los días 29 y 30 de octubre la fecha del juicio de extradición del ruandés, de 54 años y que se oponía a su entrega a España, que le reclamaba por los delitos de genocidio y terrorismo y el asesinato de los nueve españoles entre 1994 y 2000.
Sin embargo, el 10 de agosto el proceso fue desestimado por los tribunales británicos, por considerar que «las acusaciones mencionadas en la orden de arresto» no estaban incluidas entre las infracciones contempladas por la ley de extradición de Reino Unido.
Ayer 7 de octubre, el Tribunal Supremo confirmó el sobreseimiento de la investigación sobre el genocidio en Ruanda que venía investigando la Audiencia Nacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo cometidos en el golpe de Estado y la posterior limpieza étnica que se produjo entre 1994 y 2000. La resolución es consecuencia de las reformas en la normativa aplicable para las causas de justicia universal.
