El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de una carta dirigida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, denuncia la admisión en nuestro Código Penal de la esterilización forzosa para personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
En este sentido, el CERMI expresa ante Justicia su “enorme preocupación”, ya que, según indica, “supone una violación inaceptable de los derechos de las personas con discapacidad” y “debe ser suprimida de nuestra legislación con urgencia”.
Según el CERMI, el propio sistema de Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad instó a España el pasado mes de septiembre de 2011 a erradicar esa posibilidad dado que “es incompatible de plano con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y en vigor en nuestro país”.
Además de pedir al Ministerio de Justicia la derogación del artículo del Código Penal que hace referencia a la esterilización forzosa para personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, el CERMI solicita que a las personas con discapacidad, en punto a esterilización, se les otorgue “idéntico” tratamiento que a cualquier otra persona, ya que, según señala, “la situación de discapacidad no es en absoluto un hecho relevante que permita hacer distingos en esta materia”.
“Para la ciudadanía con discapacidad es ésta quizás la mayor violación de derechos, admitida legalmente, que perdura en toda nuestra legislación”, apunta el CERMI. En este sentido, insta a Gallardón que desarrolle “con celeridad” estos cambios legislativos, “que por imperativo moral y legal no pueden moderarse más”.
El CERMI Estatal es la plataforma unitaria estatal de representación y encuentro de las personas con discapacidad que en la sociedad civil aglutina a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena y efectiva de los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España, más sus familias. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
