La delegada del CERMI para la Convención de la ONU, Ana Sastre, ha presentado, durante la IV Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, un avance del Informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2010, en el que se recoge que en 2011 ha aumentado un 20% las consultas por discriminación de personas con discapacidad.
En este sentido, ha manifestado que las consultas por discriminación aumentaron en 2010 un 9% y este porcentaje se ha incrementado al 20% en 2011, con un total de 85 consultas.
Según Sastre, el CERMI ha atendido un total de 428 consultas de todo tipo sobre derechos y prestaciones relacionadas con la discapacidad, de las que 93 corresponden a vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad, mientras que el resto se tratan de consultas informativas.
En relación al tipo de consultas atendidas, Sastre ha afirmado que también se ha incrementado el número de consultas sobre prestaciones económicas, pasando de un 21% en 2010 al 26% en 2011.
Además, con respecto a los artículos de la Convención de la ONU que más se reclaman, ha destacado los relacionados con un nivel de vida adecuado y protección social, así como con el derecho al trabajo. “El empleo sigue preocupando mucho, con un total de 100 consultas”, ha apuntado. Sin embargo, ha indicado que el año pasado han bajado el número de consultas en materia de empleo público, “pasando de 40 a 33 en 2011”.
En materia de educación, Ana Sastre ha alarmado sobre el hecho de que el 75% de las consultas “dan lugar a conflictos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad”.
Una novedad que ha resaltado es que el CERMI ha atendido tres consultas internacionales en 2011, procedentes de Inglaterra, Argentina e Italia, así como que mantienen el mismo número de consultas con respecto al año anterior, pero con un aumento de consultas atendidas de hombres.
En esta línea, a nivel cualitativo, desde el CERMI se exponen una serie de recomendaciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que coinciden con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este sentido, reclama una protección por discapacidad y un certificado para todas las personas con discapacidad y, especialmente, para los que no cuentan con ello.
En relación a la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo, el CERMI pide la eliminación de plazos por discapacidad; al mismo tiempo que demanda aumentar los mecanismos de protección, implementándolos a todas las Comunidades Autónomas; y llama la atención sobre “una mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad”.
El CERMI, según ha recordado Ana Sastre, ya ha pedido al Gobierno en numerosas ocasiones la necesidad de campañas sobre concienciación acerca de la discapacidad, desde el punto de vista de los derechos humanos.
Inauguración de la jornada
Durante la inauguración de la jornada, el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé Favaró, se ha referido a la estrecha colaboración que mantiene con el CERMI y a iniciativas como la propuesta de Ley de Enjuiciamiento Civil, al amparo de la Convención de la ONU, como medida de protección de las personas con discapacidad.
En este sentido, ha aplaudido la mediación como “vía de solución de controversias” y se ha referido a ella como un instrumento para encuadrar la conciliación voluntaria o el arbitraje para ayudar a construir una justicia más ágil y moderna en nuestro país y la ha definido como “un acierto” para el tratamiento de las soluciones de los temas relacionados con la discapacidad.
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado la buena relación del sector de la discapacidad con los operadores jurídicos relevantes, así como los campos de actuación conjunta con el ámbito de notariado. En este sentido, ha hecho referencia a la importancia de “hacer realidad” el precepto que establece la Constitución, que es que los derechos de las personas con discapacidad se traduzcan en la práctica.
En este sentido, ha resaltado el trabajo del CERMI en relación a la producción normativa, que consiste, según ha afirmado, en “hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad”. Sin embargo, ha reconocido que la producción normativa “no basta”, por lo que “en esa labor de acercar las leyes a la realidad diaria es necesaria la mediación para resolver conflictos y controversias”.
Asimismo, ha indicado que es “necesario” que la mediación contemple el sector de la discapacidad para que las personas con discapacidad y sus familias “puedan acceder a ella con normalidad cuando lo necesiten”.
El presidente del CERMI ha llamado la atención sobre el hecho de que son las propias personas con discapacidad las interesadas en la defensa de sus propios derechos. “Debemos salir de la idea de ayuda o pensión y debemos conseguir que las desventajas queden erradicadas y cuando los derechos se vean mermados, debemos ser eficaces para resolverlos por nosotros mismos”, ha señalado.
Por último, ha resaltado que “el marco de la Convención de la ONU nos ampara” y ha incidido en la importancia de promover e intensificar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
