El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado al director general de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, Jesús Gascón Catalán, la propuesta de incluir distintas medidas por parte de la Administración Tributaria, con el objetivo de mejorar la fiscalidad de las personas con discapacidad en el autoempleo.
Así, entre las medidas que plantea el CERMI, destaca la reducción incrementada en 2012 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva. Es decir, propone que la reducción del 5% se incremente al 8%, en el caso en que los contribuyentes sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
Por otra parte, el CERMI pide también la inclusión de índices incrementados para el caso de personas con discapacidad, dentro del índice corrector para empresas de pequeña dimensión.
Sería el caso de que los titulares de la actividad sean personas físicas que la ejercen en un solo local, sin personal asalariado y sin más de un vehículo afecto a la actividad, cuya capacidad de carga no supere los 1.000 kilos. En este sentido, el CERMI pide la inclusión de índices incrementados para el supuesto que el titular de la actividad sea además una persona física con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
El CERMI explica que esta medida se propone en base a la necesidad de generar empleo entre las personas con discapacidad junto con la menor capacidad para generar ingresos, patente en el caso de aquéllas que son además titulares únicos de la actividad, sin ningún tipo de personal a su cargo.
Según los datos que se extraen en relación al empleo de las personas con discapacidad en la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad del Instituto Nacional de Estadística (año 2008), “el 66.5% de las personas en edad de trabajar con discapacidad legalmente reconocida eran inactivos, mientras que, en términos comparativos, el porcentaje de inactivos para la población sin discapacidad era del 25,1%”.
Por ello, el CERMI opina que este dato demuestra que “el incentivo al empleo de las personas con discapacidad es un mandatos que ninguna de las Administraciones Públicas ha de olvidar y ha de tener presente en todas y cada una de las actuaciones que, dentro de sus competencias, lleva a cabo”.
El CERMI también indica “la clara desventaja económica derivada del sobrecoste que este colectivo y sus familiares han de hacer frente a consecuencia de la discapacidad”.
Asimismo, recuerda la intención manifestada por la Comisión Europea en la Estrategia Europea sobre la Discapacidad 2010-2020, por la que se quiere posibilitar que “el mayor número posible de personas con discapacidad tengan ingresos por actividades laborales en el mercado de trabajo ‘abierto’ y contribuir así a la consecución de objetivos en materia de empleo que se ha fijado la UE”.
Dentro de este contexto, el CERMI agradece el interés que se ha manifestado a lo largo de los últimos años por parte de la Administración Tributaria, pero, al mismo tiempo, considera necesarias estas propuestas, a pesar de la situación de crisis y con el fin de incrementar la tasa de autoempleo entre las personas con discapacidad en línea con lo previsto, no sólo por la Comisión Europea, sino también por la Administración española en la Estrategia Global para el Empleo de Personas con Discapacidad.
Por último, el CERMI explica que las propuestas planteadas responden a la necesidad de hacer efectivo el mandato constitucional que supone la obligación por parte de los poderes públicos de realizar políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
