El relator de la ONU pide al Estado Español que aborde los delitos de lesa humanidad

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La Confederación General del Trabajo se enorgullece del respaldo mostrado por el Relator Especial de la ONU, Pablo Greiff, por la verdad, la justicia y la reparación de los delitos cometidos durante el franquismo contra las personas defensoras de la libertad. El Relator de la ONU ha estado visitando varios territorios del estado español donde ha tenido encuentros con autoridades gubernativas y asociaciones de recuperación de la memoria y familiares víctimas de la dictadura franquista.

Pablo Greiff indica que es necesario que el estado español aborde, de una vez por todas, la investigación de estos delitos de lesa humanidad. Considera que es inaceptable el comportamiento de la judicatura con su insistente defensa de la impunidad de estos delitos por la ley del 77. No entiende esta postura en una democracia, que él considera,
consolidada.

CGT ha visto recogidas sus denuncias del trabajo esclavo de los presos del franquismo que construyeron el Valle de los Caídos o el Canal de los Presos (que también visitó el Relator) como gran parte de las construcciones de la España de la postguerra; como la denuncia de la negativa de los tribunales de anular las sentencias dictadas por los jueces franquistas sin ninguna garantía judicial para los encausados como fue el caso de Delgado y Granados. Este caso es doblemente indignante ya que se ha denegado la  revisión de la sentencia pese a los testimonios de los autores de los hechos achacados a los ajusticiados a garrote vil.

Le sorprende enormemente el gran tiempo transcurrido desde los hechos y la fecha actual sin haber llegado a dar solución a las víctimas, entendiendo que los hechos son ya de sobra conocidos aunque no resueltos. Considera que la solución no es de lucha política sino de justicia.

Por ello hace las siguientes recomendaciones:
· Privar de efectos la ley de amnistía de 1977.
· Hacer posible el acceso por parte de las victimas al aparato judicial, adecuando leyes a estándares internacionales relevantes.
· La colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior.
· No es admisible el debilitamiento de las leyes que rigen el ejercicio de la jurisdicción
universal por parte de tribunales españoles 

También pide a la sociedad civil una mejora en su trabajo de petición de justicia.