La Fundación Derecho y Discapacidad apuesta porque las personas con discapacidad sean “los principales agentes” de la defensa de sus derechos

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Así lo señala el presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista publicada en el Periódico de las Fundaciones

 

La Fundación Derecho y Discapacidad celebra en la Universidad de Granada el Congreso ‘De los derechos a los hechos’, dedicado a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad los días 29 y 30 de mayo

 

(Madrid, 26 de marzo de 2014).- El presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha asegurado que existe un “déficit generalizado” en la percepción que tienen las personas con discapacidad de ser titulares de Derecho y uno de los objetivos de la Fundación es “convencerles de que los primeros interesados en la defensa de sus derechos son ellos mismos” y que “tienen que ser los principales agentes de su defensa”.

 

Así lo ha destacado en una entrevista publicada en el Periódico de las Fundaciones, en la que ha asegurado que la Fundación “no quiere duplicar”, sino que nace para llenar un espacio de apoyo “aportando su distintivo, inteligencia jurídica, debate y propuestas” al servicio de otras entidades como el CERMI o la Fundación ONCE, “que ya tienen un importante espacio ganado en el mundo de la incidencia política y de la interlocución en materia de discapacidad”.

 

“Nosotros ponemos nuestra inteligencia jurídica al servicio de entidades del mundo de la discapacidad, que no siempre tienen tiempo para ahondar en esa carga más reflexiva que, cada vez más, tiene el Derecho”, ha aseverado.

 

Asimismo, ha apuntado que hay un “déficit generalizado” en la percepción que tienen las personas con discapacidad de ser titulares de Derecho y, por tanto, “de accionarles para que cuando haya una vulneración, se actúe”. Lo que ocurre, desde su punto de vista, “es que en el mundo de la discapacidad, siempre se nos ha tratado como sujetos dependientes“ y, ha dicho, “queremos invertir esto y cambiar esta mentalidad”. Sin embargo, ha reconocido que se ha producido “un cambio progresivo” y “la cultura de la denuncia por defensa es cada vez mayor en este colectivo”.

 

Sobre las principales reivindicaciones concretas en materia de Derecho que hace la Fundación, Pérez Bueno ha subrayado el reconocimiento de los derechos, en dos planos. En primer lugar, de los derechos llamados de primera generación, “que ni siquiera están garantizados para las personas con discapacidad”, como el derecho de sufragio, de igualdad, o de capacidad jurídica. En segundo lugar, de los derechos de contenido material: económicos, sociales y culturales en los que hay un déficit brutal y “que la crisis se ha encargado de deteriorar aún más si cabe”.

 

Además, se ha referido a posibles mejoras que puede tener el mundo asociativo de la discapacidad en esta materia y ha asegurado que desde el punto de vista jurídico, “lo que ha ocurrido es que las asociaciones de base han ido abandonando un tanto la defensa activa de los derechos para concentrarse en la gestión de servicios”. “Estas entidades tenían una labor política de defensa pero se han encontrado con la necesidad de gestionar servicios que, en principio, debían ser públicos, pero que ha tenido que asumir la sociedad civil”, ha subrayado.

 

Asimismo, ha recordado que la Fundación Derecho y Discapacidad se creó en 2010, al servicio de las personas con discapacidad y que su agenda gira en torno a la reflexión sobre los temas del ordenamiento jurídico orientados a la discapacidad, ya que, ha dicho, “esta es una cuestión aún no resuelta en la que todavía existen demasiadas vulneraciones de derechos”.

 

La Fundación Derecho y Discapacidad celebrará en la Universidad de Granada el Congreso ‘De los derechos a los hechos’, dedicado a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que tendrá lugar durante los días 29 y 30 de mayo. En esta línea, ha asegurado que será una especie de diagnóstico sobre la aplicación de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 2006 y que en entró en vigor en 2008 y “cuya aplicación necesita revisarse”, ha finalizado.