El Gobierno de Canarias condena a las personas con discapacidad que viven en residencias a sobrevivir con 126,47 € mensuales para gastos personales

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 • La Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (FEAPS), se suma a la reivindicación de su federación canaria para que el Gobierno de esa Comunidad dé marcha atrás en su intento de regular el copago de personas en situación de dependencia de una forma que vulnera su derecho a una vida digna.

Madrid, 19 de Septiembre de 2014. El Gobierno de Canarias publicará, en breve, el Decreto que determinará la capacidad económica de la persona beneficiaria del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y su participación económica en el coste de los servicios así como la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Entre otras cosas, este decreto regulará el “copago” que tendrán que realizar las personas en situación de dependencia y por lo tanto, también deberá garantizar que estas personas dispongan del dinero necesario para desarrollar una vida digna, lo que también se denomina “cantidad para gastos personales”: copago farmacéutico (quien lo tuviere), dentista, audífonos, gafas, ropa, calzado, transporte, etc.

Esta cantidad para GASTOS PERSONALES viene pautada por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que en la Resolución de 13 de julio de 2012 (de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad), por la que se publica el “Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia” se establece lo siguiente:

“10. Cantidad para gastos personales de las personas en situación de dependencia por razón de discapacidad.
La cantidad mínima para gastos personales se incrementará en un 25% para las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad, en atención a su edad y mayores apoyos para la promoción de su autonomía personal”.

Sin embargo, nos encontramos con que el Gobierno de Canarias regula, en el artículo 14 de su Decreto, que aquellas personas que sean beneficiarias de un recurso residencial “copagarán” por el mismo hasta un 100% de su indicador de referencia, estipulado entre 1.100 y 1.600 euros, pero que puede verse incrementado en un 40% en el caso de que este servicio implique mayor intensidad de atención o cuidado a la persona. Siempre respetando que la persona usuaria de este servicio se reserve para gastos personales la cuantía de un 19% el IPREM (Indicador Público de Renta de Efecto Múltiples), y se incrementará esta cuantía resultante en un 25% para las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad.

El cálculo sería: 532,51€ *19% = 101,18€. A las personas con discapacidad se les incrementa en un 25%  101,18 *25% = 25,30 €, que sumado a lo anterior nos daría 126,47€.

El Gobierno de Canarias interpreta que el incremento del 25% se realiza sobre el 19% ya realizado, en lugar de acumular ambos porcentajes. Lo que en principio puede parecer una cuestión baladí, se convierte en algo que incide directamente en las condiciones de vida de mínima dignidad. Si repetimos estos cálculos atendiendo al acuerdo del Consejo Territorial, siendo los porcentajes acumulativos, 19%+25%, que darían un 44% del IPREM, quedándose las personas con un dinero para gastos personales de 234,30€.

Es decir, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, pretende que los ciudadanos canarios en situación de dependencia vivan en peor situación que los de otras comunidades autónomas. En lugar de regular que las personas dispongan de 234,30€ para gastos personales, como les permite el Gobierno Central, pretenden que los canarios dependientes en residencias vivan con 126€ para dichos gastos.

Por todo ello, reivindicamos y exigimos al Gobierno de Canarias utilice un criterio más beneficioso para las personas con discapacidad que les permita llevar una vida digna de ser vivida.

Este colectivo representa a una población de más de 35.000 personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma Canaria.