En torno al 8% de la población penitenciaria padece la infección del VIH. Alrededor de 1.400 personas privadas de libertad en Andalucía sufren esta enfermedad. Además de soportar las condiciones de la enfermedad, deben hacerlo en un ambiente hostil, y con la agravante de la alta incidencia de enfermedades infecciosas que pueden empeorar su situación.
Desde hace muchos años denunciamos que la prisión no garantiza una atención sanitaria equivalente a la que recibe la población libre, principalmente debido a que el personal sanitario no depende del servicio público de sanidad sino del Ministerio del Interior. Por ello llevamos tiempo exigiendo la integración de la sanidad penitenciaria en las competencias de la comunidad autónoma, en lugar de en sede del Ministerio del Interior. Esta pretensión ha sido compartida por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, que integra a la mayoría del personal sanitario de prisión.
El Ministerio del Interior es el responsable de que estas personas carezcan del adecuado acompañamiento médico especializado, y comparte responsabilidad con la Consejería de Salud en la falta de tratamiento médico.
En el año 2005 la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobó dicha integración. Pese a ello, salvo el País Vasco desde el año 2011, ninguna otra comunidad cuenta con las competencias en materia sanitaria. Sólo con la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud se superarán dichas deficiencias y desigualdades en el trato del enfermo libre y preso.
Por otro lado, debemos seguir denunciando que no se llevan a cabo todas las excarcelaciones a aquellas personas con esta enfermedad, lo que provoca que sigan falleciendo presos y presas en las cárceles. Según los últimos datos oficiales conocidos, en cinco años (2005- 2009) fallecieron 44 personas en prisión por esta causa, sólo en Andalucía.
Como Asociación proponemos:
1.- Trato igualitario, para lo que se precisa la integración en el Sistema de Salud Público.
2.- Excarcelación de los enfermos terminales y flexibilización de las condiciones y requisitos para acceder a terceros grados y libertades condicionales de estos enfermos desde el inicio de la condena. Para ello, es preciso la construcción de centros y viviendas tuteladas para enfermos terminales de SIDA.
3.- Inicio de procedimientos de reconocimiento de minusvalía que no pueden hacer los presos, precisando de la colaboración e iniciativa del área de trabajo social de prisión.
