La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados abordó la agenda política de este sector para la legislatura 2011-2015, “desde el consenso”, durante la celebración de una mesa redonda en la agencia de noticias Servimedia.
Los contenidos de la mesa de “diálogo” han sido recogidos en el periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su número 23.
Así lo definió durante el encuentro, el portavoz del PP en esta Comisión, Francisco Vañó, quien aseguró que ve en ella una constante que se va a dar también en esta legislatura, que es “una tendencia al pacto”.
Durante el desarrollo de la mesa redonda, algunos de los integrantes de la Comisión han buscado soluciones al desempleo, abogando por el cumplimiento de las leyes, o por la discriminación positiva. También han hablado de la autonomía personal, de la educación inclusiva y de la apuesta por la accesibilidad en todos los ámbitos.
El sector del empleo y la LISMI
La portavoz de CiU en la Comisión, Concepció Tarruella, apostó por el cambio y seguir avanzando en materia de empleo. Según ella, “para que se llegue a la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad, habría que modificar temas de accesibilidad, autonomía personal, actualizar el catálogo ortoprotésico, etc.”. “Se trata de hacer una política inclusiva, que sea algo innato a todo”, señaló.
En relación a la LISMI, manifestó que las empresas que cumplen la LISMI “tienen que puntuar más y, por tanto, hacer una discriminación positiva”. “Las empresas de iniciativa social también deberían tener preferencia sobre las mercantiles y deben recibir ventajas porque están dando trabajo, al mismo tiempo que cumpliendo una función social”, apuntó.
Por su parte, la portavoz de EAJ-PNV en la Comisión, Arantxa Tapia, se centró más en la “necesidad” de la formación en todas las personas para que la inclusión sea una realidad”.
En relación a la inclusión laboral, el portavoz adjunto del PSOE, Luis López Jiménez, afirmó que es “importante” hacer que se cumpla la Ley de Adaptación a la Convención de la ONU, la cual establece que “cualquier normativa y proyecto ejecutivo tiene que tener siempre un estudio previo sobre cómo puede afectar a las personas con discapacidad”.
Francisco Vañó explicó que la Comisión de la que es miembro está decidida a tomar medidas “eficaces”, pero “baratas”, para que se cumpla el 2% de reserva de empleo y las medidas alternativas. Para ello, optó por un “mayor control” de la administración para que las empresas públicas cumplan y hagan cumplir a las privadas. Este “mayor control” fue respaldado por López Jiménez, quien, además, señaló que hay que centrarlo en las empresas privadas, “donde está más del 85% del empleo”.
En relación a los Centros Especiales de Empleo (CEE), Vañó señaló la vocación del Gobierno de “mantenerlos y fomentarlos”; y, por su parte, López Jiménez contempló la necesidad de adoptar medidas específicas en la reforma laboral, en este sentido.
Ley de Autonomía Personal
Para López Jiménez hay que reivindicar la parte de la autonomía personal de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, ya que, según él, “hay una prestación, que es la asistencia personal, pero que prácticamente no se usa, y que está destinada al apoyo para poder ejercer un derecho”.
Concepció Tarruella coincidió con el portavoz del PSOE y añadió que “no es lo mismo dependencia que discapacidad porque muchas personas con discapacidad son autónomas y no dependientes”; y Vañó destacó que si se dota “adecuadamente” a una persona de ayudas o apoyos, se compensan esas limitaciones, por lo que dejarían de ser dependientes, es decir, de los 4,5 millones de personas con discapacidad, 2.250.000 no serían dependientes. “Hay que replanteárselo”, señaló.
El CERMI Estatal es la plataforma unitaria estatal de representación y encuentro de las personas con discapacidad que en la sociedad civil aglutina a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena y efectiva de los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España, más sus familias. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
