La sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) acogió el pasado martes la visita del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, y su equipo, en respuesta a su deseo de conocer de primera mano la situación de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la crisis actual, a fin de poder evaluar el impacto de las medidas de austeridad en el sector social de la discapacidad en nuestro país.
En este sentido, la delegación del CERMI ha ofrecido al comisario Muiznieks los datos “más relevantes” sobre los principales asuntos, objeto de preocupación del CERMI y de sus diferentes entidades, destacando el papel de la campaña de contestación activa del CERMI ante la crisis que asola nuestro país y que afecta de manera “más virulenta” a las personas con discapacidad y a sus familias.
Desde el CERMI se ha hecho hincapié en el desmantelamiento de las estructuraras de las entidades representativas de las personas con discapacidad y de sus familias, como consecuencia de los grandes retrasos e impagos de la deuda viva de las administraciones territoriales con el sector.
Por otra parte, en el ámbito del empleo, se ha mencionado los recortes en las políticas activas de empleo, así como en las ayudas destinadas a los Centros Especiales de Empleo (CEE); al mismo tiempo que se ha aludido a la dificultad de inserción laboral de las personas sordas ante la carencia de intérpretes de lengua de signos, así como a los recortes que sufren los programas de empleo con apoyo.
En materia sanitaria, la delegación del CERMI ha subrayado los problemas que conlleva la carencia de un espacio socio-sanitario, la situación “claramente confiscatoria” que implica el copago, el recorte hacia los problemas de atención temprana y diagnóstico precoz, así como la prestación ortoprotésica, especialmente las prótesis auditivas; la situación de las personas con enfermedades crónicas, o la escasez de fondos para investigación.
En cuanto a la educación, desde el CERMI se ha alertado al comisario sobre el retroceso que provoca los recortes en la aplicación de un modelo educativo “verdaderamente” inclusivo, lo que provoca que muchas familias opten por el retorno a modelos segregados e donde sus hijas e hijos se van a ver mejor atendidos. “La falta de apoyos individualizados en las aulas impide en muchos casos la verdadera inclusión, como, por ejemplo en el caso de las personas sordas”, señala el Comité.
Además, los recortes a la dependencia, la falta de impulso a las políticas de promoción de la autonomía personal, el sobreesfuerzo económico, emocional y de oportunidad que sufren las familias de personas con discapacidad, el aumento de los casos de personas con enfermedad mental consecuencia directa de la crisis, la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres y de la infancia con discapacidad, la institucionalización de las personas con discapacidad, el juego ilegal y la imagen social de las personas con discapacidad han sido asimismo aspectos destacados por el CERMI.
También se ha alertado al comisario del riesgo en el que se encuentran las personas con discapacidad intelectual y psicosocial ante la nueva regulación de las medidas de seguridad en la reforma del Código Penal, así como la denuncia del CERMI ante el nulo derecho al voto de muchas personas con discapacidad.
Por su parte, el comisario también ha tenido ocasión de conocer la situación desigual entre las diferentes políticas aplicadas por cada una de las Comunidades Autónomas, y cómo esta falta de uniformidad afecta al sector.
Por último, Muiznieks se ha comprometido a elaborar su informe en octubre, fecha a partir de la cual se iniciará un proceso de seguimiento del mismo que culminará con una nueva visita dentro de dos años, con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de las sugerencias contenidas en dicho documento.
El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.
