Derechos Humanos

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Con motivo de la aprobación mañana jueves en el Congreso del decreto ley de medidas  urgentes en el ámbito sanitario, la Mesa de Inmigración Diocesana de Sevilla y 36 entidades han  remitido a los grupos políticos sevillanos con representación parlamentaria un comunicado en el  que pide al Gobierno que rectifique su decisión de excluir de la sanidad pública a las personas  inmigrantes sin documentación, por entender que supone una “violación de los derechos  humanos fundamentales”. Desde su visión cristiana y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia,  afirman, si los recursos públicos resultan escasos, estas decisiones “nunca pueden ser en perjuicio  de los más pobres”.   Las entidades firmantes califican la eliminación de este derecho como una “inaceptable  involución” en materia de derechos humanos y como un desprecio a la dignidad humana de  personas que colaboran con el desarrollo de este país, muchos de los cuales tuvieron autorización  para residir y la han perdido como consecuencia del desempleo. Además, muestran su  preocupación porque medidas como esta estigmatizan al colectivo inmigrante y alimentan la  discriminación, generando un nuevo factor de exclusión social, caldo de cultivo para la violencia.   Otro de los aspectos que critican es la confusión que provoca en la población, ya que no  es posible justificar esta medida en la reducción del déficit público cuando el ahorro económico  que representa es ridículo, más bien al contrario, consideran que es probable que genere  posteriormente un coste superior, cuando muchas patologías deriven en enfermedad grave.   Asimismo, estiman que la incidencia del fraude sanitario entre la población inmigrante sin  documentación no es representativa, siendo más efectivo luchar contra él a través de medidas específicas, antes que recortar el derecho a todo un colectivo.   Las entidades afirman comprender la necesidad de reducir el déficit, por lo que proponen  establecer una mayor racionalización del gasto público en cuestiones como la disminución del  gasto militar, la lucha más activa contra la corrupción y el fraude fiscal, la mejora de la gestión de  los servicios públicos, evitar las ayudas económicas a los bancos que niegan el crédito a los  ciudadanos y un reparto más equitativo de impuestos en función de los niveles de renta.     Por último, lamentan que esta medida se integre en una tendencia preocupante de  políticas que, en el actual contexto de crisis, perjudican especialmente a los colectivos más  vulnerables. Por ello, advierten que “absolutizar la lógica economicista sacrificando los valores  humanitarios nos llama a recordar que una política que no está iluminada por la ética, termina  siendo injusta e ineficiente”. 

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