El acceso al agua potable es un derecho humano básico, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 2010. Este derecho se resume en la obligación de los Estados a garantizar el abastecimiento universal a una cantidad mínima de agua (entre 25 y/o 50 litros persona/día), para poder desarrollar una vida digna. Sin embargo, países como El Salvador o Guatemala ni siquiera disponen de un marco legal que regule su distribución y gestión, por lo que las diferencias de abastecimiento y problemas de calidad en el agua causan grandes pérdidas económicas y ponen en riesgo la salud de la población.
El Salvador no cuenta con una ley general de aguas, la legislación existente es incoherente y atiende a respuestas unilaterales, según diferentes problemas específicos que han ido apareciendo en el país en distintas épocas. Así lo explica eldirector ejecutivo de la Asociación Promotora de la Salud (ASPS), organización que trabaja con Farmamundi, Miguel Orellana: “Está pendiente de ser aprobada en el seno de la Asamblea Legislativa una Ley que garantice el acceso de agua de calidad a la población. Una medida donde prevalezca un enfoque de derechos humanos, que norme, ordene y regule todos los procesos relacionados con la extracción, suministro, almacenaje y distribución del agua, vital para la vida”.
Pero las negociaciones todavía van despacio y no se materializan. Mientras, los costes por la sobreexplotación de ríos como el Lempa y la mala gestión de residuos se traducen en aguas contaminadas. “En relación a la calidad del agua, estudios realizados en 2010 por el Ministerio del Medio Ambiente y recursos Naturales de El Salvador, demuestran que tanto el agua superficial de los ríos, como el agua para potabilizar y la destinada al uso de riego, están altamente contaminadas por coliformes fecales (bacteria Echerichia Coli), condición que las convierte en no aptas, ni para el consumo humano ni para potabilizarlas o para el riego de cultivos”, explica Orellana al respecto.
Lo mismo que sucede en El Salvador, ocurre en el país vecino, Guatemala, desde donde otra de las organizaciones que trabaja en esta línea con Farmamundi, Servicios para el Desarrollo (SER), explica su particular situación. “En el país no se cuenta con una Ley Nacional de Aguas, ni con un ente regulador. Esto impide al Estado garantizar el derecho humano al agua. En vez de ello, nos encontramos con una serie de normas dispersas, sujetas a diferentes interpretaciones”, detalla el director general de SER, Fabián Gonón.
Como consecuencia de la falta de una normativa única, en su mayoría, las aguas residuales no son tratadas y los municipios descargan sus residuos directamente a los ríos y lagos, aumentando de forma alarmante la contaminación hídrica, causante de enfermedades gastrointestinales, de la piel y de transmisión por agua, como la hepatitis, las principales causas de la morbimortalidad, especialmente infantil. Los efectos de los metales pesados y tóxicos como el plomo, magnesio, cobre, en el agua están relacionados con los daños en los órganos blandos, particularmente el hígado, los riñones y el cerebro. “La insuficiencia renal, por ejemplo, es la primera causa de muerte en la población masculina en El Salvador”, añade el responsable de ASPS.
Calidad del agua
La calidad del agua en ambos países no es buena. En Guatemala, sólo el 15% de la población urbana recibe agua apta para consumo humano y en 2.700 comunidades rurales estudiadas, el 48% de usuarios consumen agua contaminada con coliformes fecales.
Por su parte, en El Salvador, teniendo en cuenta que un 30% de la población (1.845.218 personas) no dispone de conexión domiciliar de agua -en su mayoría rurales los hogares-, la población debe abastecerse de manantiales, ríos o barrancos, poniendo en riesgo igualmente su salud. “El 95% de ríos y lagos del país están contaminados mientras que en relación al tratamiento de aguas residuales, el 43%, de las industrias no lo realizan y el 57% restante únicamente realizan los tratamientos primarios”, señala Miguel Orellana.
Cooperación como respuesta
En ambos países la escasa respuesta del Estado y la creciente necesidad de agua de la población, obliga a las comunidades a buscar apoyo en los organismos no gubernamentales.
En Guatemala, Servicios Para el Desarrollo (SER), con el apoyo de Farmamundi, ha realizado varios proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en San Antonio Sacatepéquez y San Lorenzo del Departamento de San Marcos, en el occidente del país, donde se han construido, mejorado y/o rehabilitados 63 sistemas de agua, en 84 comunidades, beneficiando a 56.000 personas. También se ha capacitado a 194 Organizaciones gestoras del agua y a 84 Comités de Saneamiento (mayoritariamente de mujeres). Además, han construido 200 letrinas y 1.312 sumideros y fosas sépticas.
En El Salvador, según explica el responsable de ASPS, la mayor parte de los sistemas rurales “son administrados por la misma comunidad, mediante las Juntas Administradoras de Sistemas Rurales, con el apoyo de la cooperación internacional, como es el caso de Farmamundi y de ONG nacionales como ASPS”.
Estos proyectos tienen un fuerte componente organizativo e involucran directamente a la comunidad. Por ello, ambas organizaciones coinciden en la necesidad de que para contribuir a resolver los problemas de agua y saneamiento, se necesita del trabajo colectivo y coordinado de instituciones no gubernamentales y de gobierno, municipalidades y comunidades, con el apoyo externo. Por ello, instan a la consecución de una ley nacional del agua que regule todos estos aspectos.
