La Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP-11), celebrada en Hyderabad (India), ha reconocido que la participación de los sindicatos y de los trabajadores es fundamental para proteger la biodiversidad y cumplir con las metas de la anterior Cumbre, en Nagoya.
El texto final de la Convención reconoce “la importancia de la participación activa de los principales grupos de la sociedad civil, incluidos los trabajadores y los sindicatos, en la toma de decisiones en todos los niveles, como uno de losgrupos principales de la Agenda 21”, algo que no sucedía hasta ahora. La COP-11 invita a los países participantes a que proporcionen “apoyo a las iniciativas de los principales grupos de la sociedad civil, incluyendo a los trabajadores y los sindicatos que apoyan los tres objetivos del Convenio”.
Francisco Javier Cabezos, miembro de la delegación sindical internacional y secretario de Medio Ambiente de FSC-CCOO, ha declarado: “Por primera vez, se reconoce y valora al papel que juegan los trabajadores y sindicatos en la protección y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas”. Cabezos destaca que “mientras el Gobierno de España continúa en su lucha contra los sindicatos y de espaldas a la sociedad civil, en el ámbito internacional se reconoce su papel”. Y añade: “Con la decisión adoptada por la Convención se gana un mayor espacio en las políticas ambientales específicamente relacionas con la biodiversidad y su aplicación, y se pide a los gobiernos que presten apoyo a las iniciativas de trabajadores y sindicatos que promuevan los objetivos del Convenio”.
CCOO valora que en la Cumbre se haya alcanzado un acuerdo sobre recursos financieros, uno de los flecos de la anterior COP. De este modo, se comprometen recursos financieros a los países que más lo necesitan para implementar el Plan Estratégico 2011-2020 y el Protocolo de Nagoya. Sin embargo, CCOO considera que el acuerdo está aún lejos de las necesidades reales de financiación que necesitan los países en desarrollo y que se abre la puerta a la participación del sector privado en la aportación de estos recursos, con el riesgo que esto supone de mercantilización de los recursos naturales, de los ecosistemas y de la biodiversidad de los países en desarrollo.
