La Association Malienne pour la Promotion du Sahel (AMAPROS) y Farmamundi han finalizado una intervención para garantizar la seguridad alimentaria y la prevención de la malaria de la población desplazada en la Región de Ségou (Malí). Dentro del Convenio que la organización humanitaria mantiene con la Xunta de Galicia, la actuación se ha centrado en la adquisición y distribución de alimentos, sobre todo cereales, mosquiteras y tratamientos para la prevención de la malaria, durante los tres meses del periodo entre cosechas.
La intervención ha tenido lugar en los círculos de Segou, Niono y San, en la región de Segou, situada en el centro de Malí y que concentra aproximadamente el 5% del territorio maliense, mediante la distribución de 18.000 kilos de cereales entre la comunidad desplazada que han ayudado a paliar las elevadas tasas de malnutrición aguda, especialmente relevantes en los niños/as y en las mujeres embarazadas y/o lactantes.
El país africano exhibe uno de los peores indicadores en salud del mundo, con un acceso muy limitado a atención sanitaria bàsica, deficitaria calidad de los servicios y una insuficiente cobertura de la inmunización. Por ello, la actuación se centró también en la distribución de mosquiteras y de tratamientos específicos para prevenir la malaria. “Naciones Unidas ha alertado de la extrema vulnerabilidad de la población frente al incremento de la incidencia de enfermedades como la malaria y el cólera, por ello es tan importante la prevención de la población desplazada” explica la responsable del Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi, Carolina Raboso, que recientemente ha regresado del país africano tras realizar el seguimiento de esta intervención.
Inestabilidad política, sequía y hambre
La situación en el país africano es sumamente complicada desde que el pasado mes de marzo guerrillas yihadistas ocuparan el norte de Malí y sumergieran al país en una grave crisis institucional y territorial. A día de hoy, continúan las intensas negociaciones lideradas por Estados Unidos, Argelia y la Unión Europea, junto a la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), para tratar de encontrar una solución a la crítica situación. El pasado 12 de octubre y según detalla una resolución de Consejo de Seguridad de la ONU, se dio un plazo de 45 días a los países de África Occidental para exponer un plan conciso, incluida una intervención militar en el norte de Mali, que pueda poner fin a la presencia de grupos armados radicales. Desde entonces, las negociaciones se han intensificado para llegar a un acuerdo.
A la preocupante inestabilidad política, se suma la severa sequía de los últimos años, que ha propiciado la ruina de las cosechas, la muerte de los rebaños de animales y la falta de agua. En la actualidad, en Malí, se contabilizan más de cuatro millones y medio de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria.
“Los efectos del cambio climático y el avance de la desertificación en esta área geográfica han sido evidentes durante las últimas décadas y la población se encuentra en situación especialmente vulnerable frente a las consecuencias de la inestabilidad pluviométrica en la región”, comenta Raboso.
Tras más de dos años sin agua, el consiguiente aumento de los precios de los alimentos básicos, y la excesiva dependencia de la ganadería trashumante, fundamentales para la subsistencia de buena parte de las comunidades, se ha producido el desplazamiento de la población, desde las zonas más áridas hacia aquellas más fértiles, tanto en los límites territoriales de sus propios países como en aquellos limítrofes.
Evitar la inseguridad alimentaria y nutricional
En este escenario de crisis humanitaria, Farmamundi está reforzando, junto a su socio local AMAPROS, las capacidades de las organizaciones comunitarias de la sociedad civil para luchar, a través de un mecanismo responsable y duradero, contra la inseguridad alimentaria y nutricional, entendida como una situación de tipo crónico.
La exposición de la población, frente a estos nuevos factores de vulnerabilidad ha supuesto el aumento de los índices de pobreza, incidiendo especialmente en el incremento de las tasas de malnutrición, especialmente entre las niñas y los niños menores de 5 años, las mujeres lactantes y/o embarazadas y las personas con necesidades de salud específicas.
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