MANIFIESTO PLATAFORMA VÍCTIMAS ALVIA 04155
Como afectados por el accidente y como ciudadanos, manifestamos cuáles son nuestras reivindicaciones concretas ante el Congreso de los Diputados, al margen del proceso judicial que sigue su curso de forma independiente.
Estas reivindicaciones se basan en tres principios fundamentales:
– El derecho a conocer todos los datos en torno al accidente, que ha costado la vida a 81 personas y ha dejado heridas a 130, así como la obligación del Gobierno de ser transparente con sus ciudadanos, tal como corresponde a una democracia.
– La asunción de responsabilidades por parte de todos los cargos, políticos y/o técnicos, en base al puesto que ocupan o hayan ocupado relativo a la seguridad de los viajeros en la línea en que se produjo el accidente.
– La obligación de la clase política y especialmente del Gobierno de ejercer como verdaderos representantes de los ciudadanos, en este caso de las víctimas, investigando en el lugar de representación de todos, con luz y taquígrafos, todas las circunstancias que han favorecido, intervenido o propiciado el trágico accidente.
Por todo ello, exigimos:
PRIMERO: Crear una Comisión de Investigación en el Parlamento y en la Xunta de Galicia para poder conocer la verdad y depurar todas las responsabilidades políticas.
Esta exigencia tiene su base en una serie de declaraciones contradictorias realizadas por distintos responsables y que se han demostrado falsas:
El exministro de Fomento, José Blanco, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, inaugura la Línea de Alta Velocidad A Coruña-Santiago de Compostela-Ourense el 10 de diciembre de 2011, destacando en su nota de prensa “ el incremento de la seguridad mediante el uso de tecnologías punta en los sistemas de conducción automática de trenes”. Y, tras el accidente RENFE y ADIF responsabilizan sólo al maquinista, mientras a los viajeros nos ocultaron que nuestra seguridad, en un tren que podía alcanzar los 250 km/h, solo dependía de la pericia de una persona.
La revista Lineas de Adif en su número 56 dedicado a la Linea de Alta Velocidad Ourense-Santiago habla de la implantación del sistema ERTMS, cuando en el lugar del accidente, punto negro del trazado, no funcionaba o no estaba instalado.
Después del accidente, el 26 de julio, el Presidente de RENFE, Julio González Pomar y el Secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá declaran que “no es un accidente de la alta velocidad española”.
En la grabación del tren siniestrado el maquinista repite en varias ocasiones “Ya lo dije a seguridad, que esa curva era peligrosa.”
Dado que las empresas implicadas (RENFE y ADIF) forman parte de la estructura del Ministerio de Fomento y sus Presidentes son cargos nombrados por el ejecutivo, existen claramente responsabilidades políticas.
Además de lo anteior, son motivos suficientes para exigir una Comisión de Investigación Parlamentaria que:
Hay 81 fallecidos y 130 heridos, algunos con gravísimas lesiones, en el accidente ferroviario más grave en los últimos 40 años, lo que, por respeto a las víctimas, requiere una investigación política.
Y que el Parlamento es la representación del pueblo español y la Xunta la del pueblo gallego.
La negativa, por parte del Gobierno, a que se lleve a cabo dicha Comisión de Investigación nos hará deducir a las víctimas y al resto de la opinión pública que existen aspectos que se desean ocultar.
EN SEGUNDO LUGAR: creemos necesario que se constituya una Comisión de Investigación Técnica formada varios peritos (al margen de la pericia judicial), que se demuestre es verdaderamente independiente.
Esta Comisión Técnica ha de ser auténticamente independiente, tal como señala la normativa europea, por lo que deberán excluirse todos aquellos que formen parte del Ministerio (funcionarios o cargos), ya que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo.
Y HACIENDO NUESTRAS LAS PALABRAS DE LA MINISTRA DE FOMENTO ANA PASTOR, NO DESCANSAREMOS HASTA QUE SE SEPA LA VERDAD.
