Artículo extraído de Revista esPosible nº42
En Latinoamérica, bendecida con el agua, 36 millones de personas carecen de suministro en sus hogares. Las adminis- traciones no han sido capaces de dar servicio a zonas rurales y periurbanas, así que los pro- pios vecinos se ponen manos a la obra para autoabastecerse.
El sur y el centro de América son bendecidos cada año con 3.100 metros cúbicos de agua per cápita, el doble del promedio mundial. Lluvias abundantes, el río más largo y cauda- loso del mundo, el Amazonas, y el más ancho,
el de la Plata, arroyos, fuentes, pozos, manantiales. Si a ello sumamos que, salvo quizás la única gran excep- ción de Chile, su gestión es pública, podríamos aven- turar que todos los iberoamericanos tienen garantiza- do este recurso… Pues no. Alrededor de 36 millones de personas no disponen de agua potable en sus ho- gares, según distintas investigaciones, y 125 millones viven sin saneamientos. Los porcentajes varían según los países pero, en general, se calcula que existe un 64 % de la población latinoamericana con problemas de acceso; en áreas retiradas de las ciudades, periur- banas o rurales, a las que sus gobiernos no llegan.
“Es un problema de gestión y debilidades insti- tucionales, malas prácticas e inequidad”, analiza los datos Rolando Marín, coordinador general de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) , donde se encuentran agrupadas las OC- SAS, que son las organizaciones comunitarias que se han puesto manos a la obra para garantizar el sumi- nistro en sus pueblos. La cuestión es que si el Estado no puede y la empresa privada, en los pocos casos en los que está presente, no quiere, porque no le resulta rentable, son los propios vecinos que se han quedado al margen quienes se arremangan: construyen las ca- nalizaciones, potabilizan el agua, reclaman sus dere- chos ante el Estado…
Las OCSAS son organizaciones voluntarias, sin áni- mo de lucro, que reciben un nombre diferente en cada país. Comités, juntas, asociaciones, cooperativas. Pero comparten una lucha común, que es garantizar el derecho humano al agua proclamado por Naciones Unidas en 2010. Suficiente, salubre, aceptable, ase- quible, accesible. La Fundación AVINA calcula que actualmente operan unas 80.000 de estas organiza- ciones en la región, aunque resulta difícil saberlo al no haberse elaborado nunca un censo fiable, y muy probablemente, en la práctica, sean muchas más. Atienden a unos 70 millones de personas, y tienen ca- pacidad para cubrir las necesidades de 18 millones de seres humanos más. Atesoran más de 45 años de historia, al principio vivida de manera desarticulada, cada cual por su lado, sin relación con el resto. Poco a poco han ido ganando en coordinación. “Unirse, ésa es la apuesta ganadora, para aunar esfuerzos y ganar en visibilidad”, enfatiza Marín.
Para lograr, entre otros retos, el reconocimiento por parte de sus Gobiernos, algo que no todas han conseguido aún. La relación de las OCSAS con la Ad- ministración, el respaldo (o no) que reciben y el marco jurídico en el que se mueven difieren según cada terri- torio. Aterricemos, simplemente a modo de ejemplo, en lo que ocurre en Panamá, donde la cobertura se sitúa por encima de la media latinoamericana: ac- tualmente existen más de 5.000 sistemas de abas- tecimiento operados por las Juntas Administrativas de Acueductos Rurales (JAAR), que es como se deno- minan en aquel país. De ellos, algo más de la mitad, 2.673, están legalmente constituidos por el Ministe- rio de Salud (MINSA), encargado de coordinar las in- versiones, supervisar y controlar la gestión del servi- cio en el ámbito rural. Luego, ya a pie de comunidad, son las juntas comunales y las alcaldías las que se constituyen en los “medios de gestión de inversiones para atender las necesidades de ampliaciones y me- joras de los servicios existentes”.
El marco legal panameño data de 1994, y ahora el Ministerio lo está revisando y actualizando, según informan Elda Cruz (del MINSA) e Ima Ávila, coordinadora del Grupo para la Educación y Manejo Ambiental Sostenible (GEMAS). Ambas especialistas reconocen que, pese a que la cobertura es alta, “existen brechas en el acceso y debilidades en la calidad y continui- dad de los servicios”. Hay carencia de personal técni- co cualificado tanto a nivel institucional como en las organizaciones que intervienen en el sector, exponen claramente. Pero defienden que la debilidad ha de convertirse en reto para reducir las desigualdades y mejorar la calidad: “Se prioriza en la planificación de las inversiones a corto y medio plazo, dirigida a las zo- nas más vulnerables”. El enfoque, agregan, pretende ser integral, “con estrategias de abordaje, sensibiliza- ción y capacitación a las comunidades organizadas y agrupaciones de usuarios para asegurar la sostenibi- lidad de las inversiones”.
Sobre prácticamente cualquier terreno rural ibero- americano que pisemos interviene una amalgama de ONG locales y/o extranjeras, grupos religiosos, agen- cias de cooperación internacional. Algunas han caído, según lamenta Rolando Marín, en la tentación de “dar los peces en lugar de enseñar a pescar”. El camino ha de ser otro. Cuando las comunidades se organizan, participan en la creación de sus propias infraestructu- ras, eligen a sus líderes, consensúan cómo hacer las cosas, se están empoderando. Cuando se rompe la bomba o hay que reparar una tubería, todo el mundo participa, aporta dinero, o su trabajo. El cambio social va mucho más allá del suministro, que ya de por sí supone un hito clave puesto que evita enfermedades y mejora las condiciones de vida de la gente. Un grifo en el hogar exime a mujeres y niños de acarrear cán- taros desde el pozo, así que los pequeños pueden ir a la escuela, y sus madres empiezan a asomar por las asambleas donde se toman las decisiones. Al princi- pio tímidamente y con reticencias; poco a poco, más activamente.
Elena Sevillano
