(Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el fin de la tramitación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado para 2015)
Hoy, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, se discuten en el Senado los Presupuestos Generales del Estado para 2015. Una coincidencia que hace aún más evidente la escasa protección que estos presupuestos ofrecerán a los derechos de las personas.
Los Presupuestos 2015 son presupuestos “anti personas” porque se empeñan en seguir debilitando las políticas públicas sociales que protegen derechos como la salud, la educación, el derecho a la manifestación y a la información. Políticas sociales que protegen a las personas continúan siendo minadas: cooperación, dependencia, igualdad…
El gobierno vuelve a insistir, como hizo el año pasado, y asegura que son “Presupuestos de la Recuperación”. En realidad, incluso matiza y dice que son los presupuestos de la CONSOLIDACIÓN de la recuperación”. Montoro ha llegado a decir que son los presupuestos de una “etapa esperanzadora”.
Y nosotras nos preguntamos ¿recuperación para quién? ¿Para las más de 4 millones de personas que están sin trabajo, para las personas inmigrantes a las que se les niega el derecho a la salud, para las miles de familias desahuciadas, para los y las estudiantes que no pueden acceder a la universidad por el incremente abusivo de las tasas, para los 2,7 millones de menores viven en pobreza, para las miles de personas que en otros países dejan de recibir el apoyo de la cooperación al desarrollo, para las mujeres víctimas de la violencia de género que no cuentan políticas que las protejan o para las personas que no pueden acceder a la justicia porque son incapaces de pagar las tasas? ¿Para quién es esa recuperación?
Naciones Unidas ha dado la voz de alarma. Si España no dedica el máximo de fondos disponibles para garantizar los derechos de la población podría incurrir en una seria violación de los derechos humanos.
El gobierno asegura que el crecimiento para el próximo año será de más de un 1% y sin embargo, no contempla un crecimiento proporcional de los fondos destinados a políticas sociales. El gobierno asegura estar comprometido con la defensa de los derechos humanos, pero los compromisos sirven de poco si no vienen acompañados de los hechos correspondientes. Las palabras se las lleva el viento.
Así hicieron Rajoy y Margallo ante la ONU: reiteraron su compromiso con la cooperación al desarrollo como sus mayores defensores, mientras estos Presupuestos continúan minando
una política pública que expresa la responsabilidad con el mundo que habitamos. Se derriban muchos años de trabajo, años de construcción conjunta y defensa de los derechos humanos – derechos, ojo, que siempre son UNIVERSALES-.
¿Quién, por tanto, disfruta de ese crecimiento del que se alardea? Las grandes multinacionales, los bancos y las grandes fortunas que siguen engrosando cuentas bancarias en paraísos fiscales y eludiendo el pago de impuestos.
¿Si estamos creciendo, entonces porque no fortalecer las políticas públicas y garantizar los derechos de la mayoría de la población?
Si se recaudara adecuadamente, contaríamos con importantes fondos para garantizar las políticas públicas sociales. Es urgente que se establezcan sistemas fiscales más justos y progresivos que garanticen que empresas y grandes fortunas contribuyen de manera justa. Es urgente que se persiga la evasión fiscal de manera firme, que se establezca una tasa a las transacciones financieras cuya recaudación se destine a la lucha contra la pobreza y la protección el medio ambiente.
—
Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 atentan contra nuestros derechos, son anti personas porque continúan debilitando las políticas sociales y abocan a millones de personas a situaciones de pobreza, desigualdad e inseguridad humana.
Seguir degradando las políticas sociales atenta contra los derechos humanos, mina la confianza ciudadana en un gobierno que elude sus responsabilidades y debilita el pretendido rol de actor global responsable del que alardea el gobierno.
Como organizaciones de la sociedad civil exigimos políticas públicas que garanticen los derechos humanos, fomenten la solidaridad de los pueblos y la justicia internacional. Sólo así es posible garantizar el presente y el futuro de toda la humanidad.
