Ecologistas en Acción denuncia el trato de favor a la gran industria, por encima del interés de la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas. El Real Decreto de Autoconsumo, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros de hoy, parte del supuesto de proteger la competitividad de la gran industria y que sean los consumidores quienes paguen los costes de la electricidad. Tampoco se tiene en cuenta la lucha contra el cambio climático y la necesaria estrategia de transición energética
El Real Decreto de Autoconsumo previsiblemente verá la luz hoy después de dos años en el congelador y algunas modificaciones cosméticas. Dos años de espera que han tenido el efecto de frenar la instalación de energías renovables para el consumo propio y que han supuesto un nuevo mazazo tras la demoledora paralización en 2012 de las instalaciones para el vertido de electricidad a la red.
Aunque ciertamente el texto ha mejorado desde el primer borrador, y de forma transitoria se eliminan los cargos –el llamado ‘impuesto al sol’– para las pequeñas instalaciones (las de menos de 10 kW), llama la atención lo farragoso del texto, la complejidad de los trámites y las sanciones que se imponen a quienes no cumplan la norma. Todo ello no contribuye, como debería, a fomentar la instalación de energías renovables, así como el ahorro y la eficiencia, en sintonía con las directrices de la UE y afrontando la responsabilidad con las generaciones futuras y el planeta. Al contrario, constituye un freno y un desincentivo para tales fines.
Es inaudito que en el país del sol se obstaculice de forma artificial la instalación de energías renovables, que la práctica totalidad de la energía consumida siga siendo fósil y nuclear, con una dependencia del exterior cercana al 85%. Así mismo, es sorprendente que en la grave situación climática pero también social no se apueste por la creación de empleo en un sector maduro, que en el caso del Estado español fue durante un periodo de tiempo pionero a nivel mundial.
La única explicación para este revés al autoconsumo la ofreció Alberto Nadal, Secretario de Estado de Energía, hace una semana: habría que repartir mejor los costes del sistema, pero entonces la gran industria perdería competitividad. La misma razón que explica muchas otras políticas de la administración, pero también de los sindicatos mayoritarios. Olvidan que en el Estado español el 99,98% de las empresas son PYMES y que generaron el 66% del empleo en 2014, según datos del propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El hecho es que, desde que se liberalizó en 1997 el sector eléctrico, sus gastos no han hecho más que aumentar, y que desde 2005 se ha generado un tremendo déficit sobre los costes reconocidos a las eléctricas, al mismo tiempo que éstas generaban beneficios de miles de millones anuales.
El sistema está mal diseñado y la reforma de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 solo ha servido para poner parches que permitan perpetuar este sinsentido en su lenta agonía. Es necesario, ahora más que nunca, que sea la ciudadanía –PYMES, personas y administraciones locales– la que eche el pulso a los grandes capitales para comenzar esa transición energética, social y económica, necesaria para vivir dignamente en equilibrio con el planeta.
