La promulgación en Bolivia de cuatro leyes referentes a los derechos humanos, en un país que conoce el racismo exacerbado, que vive actualmente la esclavitud del Siglo XXI donde cientos de personas desaparecen para ser traficadas como mercancía sexual o de órganos, y donde la violencia contra las mujeres es vivida por una mayoría (8 de cada 10). Las cuatro leyes son la 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, la 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, la 263 contra la trata y tráfico de personas y la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que incorpora el feminicidio como un aporte del movimiento de mujeres.
En este marco, Solidaridad Internacional, se suma al esfuerzo interoganizacional e interinstitucional que busca la socialización de esta información en operadores de justicia y sociedad civil, para que la normativa sea una herramienta accesible a todos y todas.
De este proceso de difusión ya realizado en Cochabamba y La Paz a más de 400 personas se observaron los siguientes resultados:
– Se han establecido acuerdos de socialización al interior de las organizaciones y con las alianzas para masificar la información.
– La participación activa de las instituciones y miembros de las mismas en la construcción y socialización del reglamento de dichas leyes.
– La vigilancia y control en la aplicación de dichas leyes de acuerdo al procedimiento institucional correspondiente.
– La participación en materia de prevención de acuerdo a lo estipulado en las cuatro leyes.
– La supervisión y seguimiento en la puesta en práctica y vigencia de las cuatro leyes de acuerdo a sus competencias.
La Secretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Juanita Ancieta en el marco de la presentación del evento en La Paz, resaltó la importancia que las organizaciones sociales se conviertan en vigilantes de la correcta aplicación de las normativas para construir una nueva Bolivia con igualdad y respeto.
Ecuador: Feminicidio, un debate social que busca tipificarse en la ley
La investigación del CEPAM realizada por Patricia Reyes Peña en la provincia de Guayas, busca establecer la ruta de justicia de la violencia de mujeres asesinadas. El propósito también es establecer el feminicidio como delito tipificado en el Ecuador y que se convierta en una realidad en las leyes ecuatorianas. Al respecto, ya se presentaron las primeras conclusiones del borrador del Código Orgánico Integral Penal (COIP) donde se han incorporado tipificaciones como el feminicidio.
Según el informe de la investigación “Las rutas de la impunidad”, la tipificación es importante porque este delito se enmarca en las violaciones a los derechos humanos, donde se evidencia la afectación de diversos bienes jurídicos, no únicamente la protección del derecho a la vida.
Sin embargo, para el coordinador del Instituto Mises-Hispano de Ciencias Políticas, Fabrizio Terán, el separar la tipificación y la pertenencia del delito a algún grupo no es parte del principio general de lo que se entiende como derecho.
“Es una discriminación que pondría a ciertas personas en categorías distintas de lo que se entiende como igualdad ante la ley, en la que todos los individuos en su condición de ciudadanos son igual de responsables, con excepción de los niños porque no se pueden cuidar ellos mismos”, indica el abogado.
“Si decimos que la protección a la mujer es superior, estamos enviando -al menos en el plano ideológico y cultural- un mensaje contradictorio, porque estamos diciendo que la mujer tiene más privilegios”, añade.
No obstante, según la investigación del CEPAM, las causas y razones que resultan en muertes de mujeres no son las mismas que ocasionan la muerte violenta de hombres. “Es decir, las mujeres no mueren mayoritariamente por la llamada violencia social, inseguridad o enfrentamiento entre grupos”, reza el documento.
La definición de feminicidio se refiere a cuando un hombre mata a una mujer, por el hecho de ser mujer, por una cuestión de discriminación, desprecio y odio hacia las mujeres, a partir de la otorgación de mandatos sexistas patriarcales, asentados en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Varios países de América ya han tipificado al feminicidio como un delito. Algunos ejemplos de ello son Guatemala, Chile, Perú y Bolivia.
Extracto de la noticia publicada en El Telégrafo el 17 de marzo de 2013
