Un grupo de expertos de Naciones Unidas dijo el pasado miércoles que el establecimiento de la verdad y el proceso de justicia en Guatemala, además de ser elementos fundamentales de reparación para las víctimas, son esenciales para garantizar que no se repitan los atroces crímenes que caracterizaron la guerra civil en el país, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, las violaciones y el desplazamiento forzado de personas.
“La justicia es la mejor garantía para que estos crímenes no se repitan”, recalcaron los expertos de la ONU tras el fallo judicial del pasado viernes que condenó al ex Jefe de Estado José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Para los expertos, esta decisión no sólo responde a las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco, sino representa un hito profundamente significativo en el largo proceso de justicia transicional de Guatemala.
“El fallo es un ejemplo para muchos otros países que luchan para responder a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición después de períodos de atrocidades masivas”, dijo el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
“Esta decisión refleja el principio de que los más marginados de la población tienen el mismo derecho a la justicia que los más poderosos, uno de los principios más elementales del estado de derecho”, añadió.
Por su parte, los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias recordaron el elevado número de desapariciones forzadas ocurridas durante los años más cruentos de la guerra civil y señalaron que “este veredicto representa un gran avance en la lucha contra la impunidad y demuestra que hoy en día nadie se puede considerar fuera del alcance de la ley”.
“Nuestros pensamientos acompañan a las víctimas de los atroces crímenes cometidos durante la guerra civil y a sus familiares”, dijeron. “Tenemos muy presentes también a las mujeres y hombres que ofrecieron testimonio durante las audiencias de este proceso sobre las violaciones masivas de las cuales fueron víctimas”.
El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, también recibió con beneplácito los resultados del juicio. “Ésta ha sido una esperada y larga primera etapa para poner fin a la impunidad en Guatemala” dijo. “Es particularmente significativo que el sistema legal del Estado en cuestión haya investigado, enjuiciado y castigado a un ex mandatario”.
“Acabar con la impunidad, independientemente de la posición política o gubernamental del autor, envía un poderoso mensaje a nivel mundial acerca de la rendición de cuentas a nivel local, que es la primera línea de defensa para la protección del derecho a la vida”, agregó el Sr. Heyns.
Asimismo, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, observó que “la histórica condena de Ríos Montt por el genocidio de personas del pueblo maya Ixil durante los años 80 representa un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de nuevas relaciones entre el Gobierno de Guatemala y los pueblos indígenas del país”.
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, también acogió la sentencia con satisfacción recordando cómo las violaciones y la violencia contra la mujer fueron un elemento central de las atrocidades cometidas contra la comunidad Ixil.
“Numerosas mujeres y niñas fueron el blanco de violentos abusos por parte de los militares. Me complace saber que el sufrimiento de estas mujeres en búsqueda de la justicia no resultó en vano”, dijo la experta.
“La decisión de Guatemala constituye un avance importante para poner fin a la impunidad y dar paso al legitimo reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estos crímenes”, recalcó el Relator Especial de la ONU sobre tortura, Juan E. Méndez.
“Además, constituye un importante ejemplo de que los Estados cuentan con las herramientas en sus sistemas internos para poder dar cabal cumplimiento a la obligación de investigar, enjuiciar y, cuando corresponda, castigar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos, como la tortura”, añadió. “Pienso que Guatemala ha iniciado un camino que debería ser un ejemplo para muchos otros países”.
“La impunidad socava la democracia y la confianza en las instituciones del Estado, incluido el sistema de justicia”, añadió la Relatora Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul. “Este juicio es un paso importante en el fortalecimiento de la independencia de la justicia y del papel fundamental que el poder judicial desempeña en la protección y promoción de los derechos humanos de todos los sectores de la población, sin discriminación alguna”.
La Sra. Knaul encomió la muestra de independencia de los jueces y la imparcialidad del Ministerio Publico, frente a las presiones a las cuales, según se informó, se vieron sujetos. “Hago un llamado a las autoridades guatemaltecas para que se proporcione una protección adecuada a todos los operadores de justicia involucrados en este juicio”, dijo.
“Quisiera aplaudir también a las comunidades, a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil por su compromiso e incansable trabajo por llevar el caso a juicio”, dijo la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya. “Su exigencia de justicia fue el motor y la inspiración para todos los involucrados”.
“Esperamos que este juicio también sirva de ejemplo para seguir combatiendo la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas”, concluyeron los expertos.
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Guatemala: “Justice, the best guarantee to prevent the recurrence of atrocities” – UN experts
A group of United Nations experts said Wednesday that the establishment of truth and justice in Guatemala, as well as being fundamental elements for reparation for the victims, are essential to ensure the non-recurrence of the heinous crimes that characterized the civil war in the country, including enforced disappearance, arbitrary executions, rape and forced displacement of people.
“Justice is the best guarantee to prevent the recurrence of these crimes,» stressed the UN experts after last Friday’s court ruling that sentenced the former head of State José Efraín Ríos Montt for genocide and crimes against humanity.
For the experts, this decision not only addresses the State’s international obligations, but also represents a profoundly significant milestone in the long process of transitional justice in Guatemala.
“The judgment is an example for many other countries struggling to address the rights of victims to truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence after periods of mass atrocities,” said the UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Pablo de Greiff.
“This decision reflects the principle that the most marginalized people have the same right to justice as the most powerful, one of the most fundamental principles of the rule of law,” he added.
Meanwhile, the experts of the UN Working Group on enforced or involuntary disappearances recalled the large number of enforced disappearances during the bloodiest years of the civil war, noting that “this verdict represents a breakthrough in the fight against impunity and demonstrates that no one today can be above the law.”
“Our thoughts are with the victims of the heinous crimes committed during the civil war and their families,» they said. «We also have in mind the women and men who testified during the hearings of this trial on the massive violations of which they were victims.”
The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, welcomed the outcome of the trial. “This is a long awaited first step towards ending impunity in Guatemala”, he said. “It is particularly significant that the legal system of the State in question has investigated, prosecuted and punished one of its former highest office bearers.”
“Ending impunity independently of the political or governmental position of the perpetrator in this way sends a powerful message worldwide about accountability at the local level, which is the first line of defence for the protection of the right to life,” Mr. Heyns added.
Likewise, James Anaya, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples noted that “the historic judgement against Rios Montt for genocide against indigenous maya Ixil people during the 1980s represents an important step towards reconciliation and the building of new relations between the Government of Guatemala and the indigenous peoples of the country.”
The UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, also welcomed the sentence recalling how rape and violence against women was at the core of the atrocities committed against the Ixil community.
“Numerous women and girls were frequent targets of violent abuses by the military,” she said. “I am pleased that the plight of these women for justice has not been in vain.”
“Guatemala’s decision constitutes an important step in putting an end to impunity and paving the way for the legitimate recognition of the suffering of the victims of these crimes,” emphasized the UN Special Rapporteur on Torture, Juan E. Méndez.
“In addition, it constitutes an important example that States have in their domestic systems the tools to fully comply with the obligation to investigate, prosecute and, when applicable, punish those responsible for human rights violations, including torture,” he added. “I believe that Guatemala has embarked on a path which should be an example for many other countries.”
“Impunity undermines democracy and trust in state institutions, including the justice system,” said the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul. “This trial is an important step in strengthening the independence of the judiciary and the fundamental role that the judiciary plays in the protection and promotion of human rights in all sectors of the population, without any discrimination.”
Ms. Knaul commended the demonstration of judicial independence as well as the impartiality of the Guatemalan Public Ministry, in spite of the pressure to which they were reportedly subjected. “I call on the Guatemalan authorities to provide adequate protection to all judicial officers involved in this trial,” she said.
“I would also like to applaud the communities, victims and civil society organizations for their commitment and tireless work in bringing the case to trial,» said the UN Special Rapporteur on human rights defenders Margaret Sekaggya. “Their demand for justice was the engine and inspiration for all those involved.”
“We hope that this trial also serves as an example to continue the fight against impunity and to guarantee the right of victims”, concluded the experts.
