La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige al Gobierno que mantenga la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA manifiesta su absoluto rechazo a los recortes desarrollados por el Gobierno central en materia sanitaria y, especialmente, a la supresión de la atención sanitaria para las personas extranjeras en situación administrativa irregular. 

La idea que puede extraerse de las medidas que el Gobierno está tomando en materia sanitaria es que las personas inmigrantes en nuestro país abusan de la sanidad pública. Ése es el argumento con el que pretenden convencernos de la necesidad de las medidas; y no es una idea nueva. Por el contrario, se trata de un convencimiento fuertemente arraigado en un discurso social que en momentos de crisis busca culpables en los otros, los extranjeros, los diferentes.

De ahí que el Gobierno haya recurrido a la lucha contra el  “turismo sanitario” que se aprovecha fraudulentamente de los beneficios de la universalidad de nuestra sanidad como fundamento de estas medidas. Y quizás no está de más condenar posibles abusos, pero sin cometer el error de caer en el recurso de la demagogia xenófoba del que hace uso desde instancias gubernamentales en este caso.

La lucha contra el llamado “turismo sanitario” no puede pasar por el recorte de los derechos sanitarios a las personas inmigrantes en situación documental irregular, ya que las personas extranjeras que hacen mayor uso de nuestro sistema de salud son ciudadanos/as de la UE. Las estadísticas muestran una realidad muy diferente a la que se perfila en los argumentos aportados por el Ejecutivo.

Conviene recordar que una buena parte de esas personas inmigrantes en situación irregular ha sido víctima de una “irregularidad sobrevenida”; son ciudadanos/as que han residido durante años legalmente en España y que, debido a la situación económica y a las duras exigencias impuestas por la legislación de extranjería para renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, han perdido éstas quedando desamparadas. No se puede esgrimir el argumento de que no han contribuido con sus impuestos y que no han respetado las normas, dado que estas personas han participado y colaborado en el crecimiento socioeconómico de España durante el periodo de bonanza. Ahora, ante la negativa coyuntura económica, se les expone a la supresión de derechos tan básicos como el de asistencia sanitaria.

Dejando de un lado las cifras, la dignidad, los Derechos Humanos y la universalidad e igualdad en el acceso a los derechos básicos, como a la sanidad, no pueden ser puestos en juego bajo la excusa de la crisis. Las restricciones de las que estamos hablando no son poco relevantes; la salud es el pilar donde se sustenta la vida la humana, y aquí se trata de negar el tratamiento de enfermedades crónicas, el consejo médico, la prevención, etc.

La crisis económica no puede ser una justificación. No podemos permitir que esta situación adversa cuestione derechos básicos como la salud, la educación, la libertad, el empleo, y por supuesto, no debemos permitir que sean las personas inmigrantes el tablero donde se comience a desarrollar este cruel juego que consiste en buscar responsables, criminalizando a parte de la población residente en este país.

Por ello, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigimos que el Gobierno retire el Real Decreto-Ley 16/2012 y apoyaremos cuantas iniciativas se lancen desde la sociedad civil con este objetivo. Así mismo, planteamos a quienes están legalmente autorizados para ello la necesidad de elevar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. Mientras tanto, hacemos un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía y a los profesionales sanitarios para que ejerzan la insumisión contra estas medidas y mantengan la atención sanitaria a todas las personas independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa.