Consejero Justicia desoye al Parlamento en su petición de reanudación de servicios jurídicos para presos

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Aprobada en el día de hoy por todos los grupos parlamentarios segunda proposición no de ley instando a su reanudación y requiriendo al Consejo de Gobierno para incorporar partida específica en los presupuestos del 2014

 

Se cumplirá año y medio sin asistencia letrada para las 15.500 personas privadas de libertad

 

Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) fueron suspendidos en Andalucía en mayo del 2012 por la Consejería de Justicia, justificándose en la necesidad de la firma por parte del Ministerio del Interior de un convenio Tripartito entre éste, la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

 

Esta plataforma reclamó la inmediata reinstauración de este servicio, sin necesidad de esperar dicha firma, pues la considerábamos innecesaria. En Andalucía se había estado prestando el servicio durante más de 8 años sin dicha firma, y en ninguna otra comunidad se funcionaba bajo el modelo tripartito pretendido por la Consejería.

 

El 14 de mayo de 2013 el Defensor del Pueblo Estatal comunicó que el Ministerio le había informado por escrito que no firmaría el citado Convenio por no ser precisa su firma, ya que estaba autorizada la prestación de los servicios por los convenios existentes con los Colegios de Abogados.

(http://www.apdha.org/media/20130514_Respuesta_DPE_SOAJP.pdf)

 

Por ello, el 28 de mayo siguiente se aprobó en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento Andaluz, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, una proposición no de ley de continuar prestando los servicios sin la firma del Ministerio del Interior. Ese mismo día, a continuación en la misma Comisión, el Consejero de Justicia compareció personalmente y se comprometió a la búsqueda de soluciones alternativas al convenio tripartito (http://video.parlamentodeandalucia.es/video/bs.asp?date_select=date&from=28-05-2013&until=28-05-2013&kw=Diario+Sesiones+Comisiones+146&kwo=1).

 

A pesar de ello,  la única actuación realizada por la Consejería ha sido volver a pedir al Ministerio del Interior, en septiembre de 2013, que firme un convenio tripartito, lo que en la práctica es como reírse del Parlamento y vapulear los derechos de las presas y los presos. Ello explica el enorme malestar expresado hoy por los grupos políticos con el Consejero.

 

El Consejero está jugando con los derechos de 15.500 personas presas, que siguen sin ningún tipo de asistencia, incluyendo la defensa y atención jurídica especializada en materia penitenciaria, y todo ello, unido a la realidad de la población reclusa, a la urgencia de los plazos procesales (en derecho penitenciario, la mayoría, entre tres y cinco días) y al desconocimiento del/a recluso/a acerca de sus derechos y del modo de hacerlos efectivos, colocando a la persona presa en una situación de indefensión y desigualdad a todas luces anticonstitucional.