Alianza por la Solidaridad considera un paso histórico el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia

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Las mujeres colombianas son actores fundamentales de un proceso de paz duradero.

Las organizaciones humanitarias deberán mantener su presencia para paliar las consecuencias de 50 años de violencia.

Alianza por la Solidaridad, con 17 años de presencia en Colombia, considera un gran paso el avance para el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana para un alto el fuego “bilateral y definitivo”.

Alianza recuerda que este conflicto, que ha durado más de 50 años (desde 1958), ha causado la muerte de más de 200.000 personas (un 81% eran civiles), 25.000 secuestros y más de 5.700.000 desplazamientos forzados  entre 1985 y 2012. Colombia es el país con mayor número de personas desplazadas en el mundo y el segundo con mayor número de víctimas menores de edad por minas antipersonales.

Especialmente afectada por una situación de discriminación y olvido histórico ha sido la población afro-descendiente e indígena, fuertemente azotada por la violencia del conflicto. Destaca, además, los altos índices de violencia sexual; de media, cada día una mujer ha sido agredida sexualmente por diferentes actores armados  aunque se cuenta con un registro de tan sólo 12.740 denuncias.

La organización destaca el papel de las organizaciones de mujeres y feministas en este proceso de paz, que han logrado la creación de una Subcomisión de Género presente en las negociaciones: un logro histórico al haberse reconocido el impacto diferenciado del conflicto en hombres y mujeres y que ha posicionado temas como la violencia sexual y violencia de género o los avances de la participación activa de mujeres en los acuerdos. En este sentido, señala la importancia de que el Estado garantice la protección y seguridad de las mujeres y niñas en la reintegración de los excombatientes a las comunidades, así como trabajar en la prevención de la violencia de género y sexual.

Desde su dilatada experiencia en el terreno, la ONG considera que se abren en este momento importantes retos políticos y sociales para mantener a largo plazo esa paz, entre los que destaca los siguientes:

–  La  desmovilización de los integrantes de las FARC debe asegurar su integración real en la sociedad colombiana
– El gobierno colombiano debe poner en marcha con celeridad políticas que tengan un rápido impacto en la reducción de las enormes brechas económicas, sociales, educativas y sanitarias, que hay en los territorios más afectados por el conflicto.
– El gobierno colombiano debe iniciar un programa de refuerzo de las instituciones públicas locales para acabar con la desconfianza hacia ellas en las comunidades, apoyándose en organizaciones locales e internacionales con presencia en los territorios.
– Es necesario que el proceso de paz aborde la violencia causada por otros grupos armados ilegales, que tienen aún fuerte presencia y que han establecido en el territorio ‘fronteras invisibles’.
– Dado que los mayores impactos de la violencia han tenido lugar en zonas donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, indígena y mestiza se deberá contar con sus representantes en el diseño de programas y políticas para que se adecúen a sus especificidades culturales, su defensa del territorio y sus derechos.
– Las mujeres ha sido víctimas directas e indirectas del conflicto, por lo que su voz ha de ser tenida en cuenta en la toma de decisiones. Debe darse cumplimiento a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU para que se garantice la participación de las mujeres en la construcción de las propuestas de paz territoriales y en el proceso de consolidación de la paz.

Alianza por la Solidaridad, que en estos años a través de su presencia en las zonas afectadas por el conflicto ha atendido a más de 100.000 personas afectadas a través de numerosos proyectos de asistencia humanitaria y protección y acceso a servicios básicos apuesta por un proceso de consolidación de la paz participativo e incluyente, en el que gobierno y sociedad civil trabajen de la mano.