La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC trae sin duda esperanza a millones de personas. Sin embargo, cerca de 80 activistas que defienden los derechos humanos han muerto en 2016 víctimas de la violencia. ¿Cómo puede ser?
La cifra todavía no es definitiva, pero sí sumamente alarmante. A finales de año las organizaciones locales de derechos humanos habían registrado cerca de 80 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios a lo ancho y largo del país. A esto hay que sumar cientos de agresiones que no han acabado con la muerte de las víctimas: amenazas, atentados, hurto de información…
La paradoja entre la firma del acuerdo de paz y esta oleada de homicidios se explica porque gran parte del horror que ha vivido Colombia durante décadas no está directamente vinculado al combate directo entre las partes, sino en los ataques selectivos contra civiles. Quienes trabajan defendiendo los derechos o protegiendo la tierra y los recursos naturales frente a poderosos intereses económicos y políticos, siguen en el punto de mira. Y detrás de muchos de esos ataques están grupos armados, incluyendo paramilitares, que buscan tomar el control de tierras ricas en recursos para que se puedan explotar con fines económicos.
Poner fin a los combates entre las fuerzas de seguridad estatales y las FARC no significará una paz real si las autoridades no toman medidas efectivas para parar los ataques contra civiles.
Amnistía Internacional lanza una ciberacción dirigida al Presidente colombiano para pedirle que garantice también la paz a defensoras y defensores de derechos humanos, a activistas sociales y comunitarios. Está accesible aquí: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombia-defensores-ene17/
