Con motivo de la visita a España del Presidente de la República Popular China, Hu Jintao, del 13 al 15 de noviembre, la Sección española de Amnistía Internacional ha expresado por carta a su Majestad el Rey y al Presidente del Gobierno sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en China, que continúa siendo extremadamente grave. Igualmente, Amnistía Internacional ha convocado una concentración de protesta para hoy, a las 19h, frente a la Embajada China en Madrid.
La organización solicita a las autoridades españolas mayor coherencia y firmeza en la defensa y la promoción de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con China; lo que incluye información sobre los posibles acuerdos entre ambos países en materia de justicia y de extradición.
«Hasta la fecha, el gobierno español parece obviar que China es uno de los países donde se producen mayores violaciones de derechos humanos y se vulneran tratados internacionales, con ejecuciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias, desalojos forzados, restricciones a la libertad de expresión y otros graves abusos. Estos hechos contradicen otros pronunciamientos públicos de las autoridades españolas en las que hacen alarde de su compromiso en la defensa de los
derechos humanos. Por eso pedimos coherencia y firmeza», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España
Según AI, los avances destinados a introducir reformas no han afectado a las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas en todo el país. Decenas de miles de personas continúan siendo detenidas o encarceladas y corren un riesgo serio de sufrir tortura o malos tratos cada año. Miles de personas son condenadas a muerte o ejecutadas, muchas de ellas tras juicios sin las debidas garantías. China sigue utilizando la «guerra contra el terrorismo» como excusa para justificar la represión contra la comunidad uigur en Sin-kiang. En el Tíbet y otras zonas de etnia tibetana de China, la libertad de expresión y de religión continúa gravemente limitada.
En el último año, Amnistía Internacional calcula que al menos 3.400 personas han sido ejecutadas y al menos 6.000 condenadas a muerte, aunque se cree que las cifras reales son muy superiores.
