Las asociaciones de armadores Anamer y Anavar han presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra Greenpeace por las acciones pacíficas de protesta que activistas de la organización ecologista internacional realizaron en el año 2004 contra buques arrastreros de profundidad, para denunciar los graves impactos de este tipo de pesca sobre los fondos marinos. La querella de los armadores está dirigida contra Juan López de Uralde, director de la organización en España, María José Caballero, responsable de las campañas en defensa de las costas y Sebastián Losada, responsable de las campañas de pesca.
Greenpeace denuncia que las embarcaciones que llevan a cabo la pesca de arrastre son capaces de pescar en cañones abisales y en escarpados lechos marinos. Para capturar una o dos especies que son el objetivo de su actividad, los arrastreros desplazan por el fondo marino redes inmensas equipadas con grandes placas de acero y pesados rodillos que revuelven y pulverizan todo a su paso. Los frágiles ecosistemas abisales no tienen posibilidad alguna de sobrevivir al envite de estas excavadoras submarinas despiadadamente efectivas: son arrasados de manera similar a lo que sucede con la tala de las selvas tropicales.
«En el actual contexto de saqueo sistemático de los océanos, nos preguntamos por qué la Audiencia Nacional investiga a Greenpeace, y permanece impasible ante las múltiples agresiones que sufren nuestros mares», ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace, e imputado en la querella de los armadores.
Los fondos marinos que están siendo destruidos por la pesca de arrastre son el hábitat de cientos de especies absolutamente desconocidas para la ciencia; la pesca industrial ha llegado a estos ecosistemas antes de que lo haga el mundo científico. Por este motivo, Greenpeace demanda una moratoria internacional del arrastre de fondo.
